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Entre finales del 2011 e inicios del 2012 se conocieron importantes novedades reglamentarias y legales para el sector de la infraestructura que vale la pena reseñar.
Quizá la más importante es la expedición, el pasado 10 de enero, de la Ley 1508 de 2012, conocida como la Ley de Asociaciones Público Privadas que extiende y fortalece los mecanismos ya conocidos en el sector transporte (gracias a las concesiones) y a otros sectores de la economía, y le da impulso a las iniciativas privadas, que podrían contribuir al avance de la infraestructura nacional.
De otra parte, el Presidente Santos utilizó las facultades otorgadas por el Congreso para modernizar el Estado, expidiendo un número significativo de decretos con fuerza de ley, varios de los cuales involucran directamente al sector de la infraestructura.
El primero de dichos decretos trasladó de la Aeronáutica Civil al Inco las funciones relacionadas con el manejo de las concesiones aeroportuarias, y el decreto subsiguiente, transformó al Inco en la nueva Agencia Nacional de Infraestructura, que ya todos conocen como la ANI, a pesar de la infortunada homonimia con otra nueva agencia estatal, la de Inteligencia.
Dentro del mismo impulso modernizador, el presidente Santos creó la nueva Agencia Nacional de Contratación, apodada innecesariamente desde el propio decreto con el extraño apellido institucional de 'Colombia Compra Eficiente'.
Esta Agencia, adscrita al Departamento Nacional de Planeación, administrará los sistemas tecnológicos y de información de la contratación pública, promoverá la eficiencia en las compras públicas; y, quizá lo más importante, ejercerá una labor pedagógica, capacitadora y divulgadora de las mejores prácticas en esa materia. También será el laboratorio a través del cual se prepararán las eventuales reformas legales y reglamentarias al régimen de los contratos públicos en Colombia. Al cierre de esta edición de la revista, se había conocido el nombre de su directora -Margarita Zuleta-, que da todas las garantías de que esta nueva entidad arranca sus labores con los mejores augurios.
La reforma al Estado también nos dejó la creación de una nueva entidad: la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que, con base en los procedimientos más ágiles establecidos en la Ley del Plan de Desarrollo, quizá logre destrabar el trámite de este tipo de permisos; por supuesto, sin abandonar su principal deber de garante del cumplimiento de las normas ambientales.
De otra parte, a principios del año, y también utilizando las facultades legislativas que al amparo de la Constitución le otorgó el Congreso, el señor Presidente expidió un extenso 'Decreto Antitrámites' que introdujo importantes modificaciones a los procedimientos de la contratación pública en Colombia. Se reducen al mínimo las publicaciones, se unifican los sistemas de información contractual; y quizá, lo más importante, se modifica el Registro Único de Proponentes para que en él conste solo la información sobre los requisitos habilitantes, sin calificaciones o puntajes de ningún tipo.
La tarea normativa, en general bien encaminada, aún no termina. Al momento de escribir estas líneas está publicado para comentarios un proyecto de Decreto Único de Contratación que en buena hora procurará compilar, sistematizar y darle sentido y orden al caleidoscopio incoherente, que hoy existe, en materia de normas reglamentarias relativas a la contratación pública en Colombia.
Advierten que aún hay temas pendientes
Según el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, está pendiente la expedición de reglas anunciadas desde el Plan de Desarrollo en materia de traslado de redes de servicios públicos en obras de infraestructura, y la reglamentación para poner en marcha el nuevo procedimiento para adquisición de predios necesarios para la infraestructura de transporte.
