Detrimento por subsidios de energía sería de $53.700 millones

La Contraloría General de la República concluyó la posible existencia de un detrimento patrimonial de $53.700 millones, por los subsidios que el Gobierno otorgó a los usuarios de energía en el país, luego de que estos asumieran las pérdidas de las generadoras térmicas, a través de un aumento en la tarifa de energía. 

Esto, para el ente de control fiscal, se traduce en la ineficacia del Ministerio de Minas y Energía para afrontar la situación a la que se tuvo que enfrentar el sistema energético, pues las medidas que se tomaron fueron tardías, además de una falta de coordinación entre distintas entidades.

Para el contralor Edgardo Maya Villazón, “la imprevisión que llevó a la necesidad de adelantar este ajuste de tarifas, permite identificar un daño patrimonial de $53.700 millones que corresponden a la parte cubierta con subsidios, que son recursos del Presupuesto General de la Nación”.

Otra de las advertencias que hace Maya Villazón tiene que ver con la posibilidad de que las hidroeléctricas puedan estar usando el precio de escasez para disminuir los niveles de sus embalses y obtener así unos mayores beneficios en tiempos de escasez, con lo que se podría estar poniendo en riesgo la generación de energía en el futuro, por obtener más ingresos.

Para el contralor “el precio de escasez, elemento fundamental del esquema del Cargo por Confiabilidad, requiere ajustes, y estos cambios no pueden consistir simplemente en aumentarlo para adecuarlo a las necesidades de los agentes menos eficientes”. 

La entidad encontró además que seis generadoras recibieron  $8,7 billones del Cargo por Confiabilidad, lo que en su criterio era suficiente para hacer las inversiones necesarias, así como el mantenimiento de los activos. 

Sin embargo, las empresas incorporaron esos recursos en sus resultados, cubriendo gastos administrativos y bancarios, entre otros, con lo cual no se hicieron las inversiones que se necesitaban, dijo la Contraloría.