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Es por ello que la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) se encuentra realizando una campaña nacional para exponerle a “quienes de una u otra forma se verán afectados por el paro” las razones que los convocan.
En primer lugar el gremio describe el problema de los fletes como el más agudo, pues a pesar de que el decreto 2228 estableció las tarifas que se pagan a los transportadores deben tener como base los costos operativos y que ordena sancionar a las empresas que incumplan este principio, no se aplican tales ordenanzas.
“La eliminación de la tabla de fletes (en 2011) logró que los empresarios y la industria nacional rompieran con la estabilidad del transporte y nos rebajaran los valores a niveles tan ridículos que en ocasiones debemos poner dinero de nuestro propio bolsillo para movilizar la carga, pues no alcanzamos a cubrir los costos operativos”, señaló Alejandra Baquero, presidenta del gremio.
El segundo punto neurálgico de la movilización tiene que ver con la política de combustibles. Aunque se constituyó una mesa técnica con el Ministerio de Minas para modificar la fórmula que fija el precio de la gasolina, el espacio de discusión, según la ATC, “se canceló arbitrariamente y sin notificación”.
En cuanto a la póliza de chatarrización, los transportadores denuncian que con el cambio de este modelo solo se han ejecutado 40% de los recursos recaudados por el Ministerio de Transporte, hecho que, según dicen, “ha generado un rechazo por parte de los propietarios de vehículos antiguos que ya no confían en el proceso”.
La magnitud de dicha falta de relevo se sentiría si entra en operación la política del Gobierno de sacar de circulación modelos mayores a 15 años, “lo que generaría un desabastecimiento masivo en las regiones productoras de alimentos y otros bienes primarios, sin contar con que la infraestructura del país no es apta para vehículos nuevos”, advirtió el director ejecutivo, Luis Orlando Ramírez, al tiempo que pidió un plan de acción real.
Los peajes se convierten en una nueva amenaza
Hasta 300% se incrementaría el costo del servicio de transporte con la instalación de nuevas casetas de peajes en el país, según advierte la ATC. Además de la preocupación económica, el gremio alega que a pesar de que siempre se han pagado estos derechos de circulación no se ve la inversión en infraestructura: “seguimos transitando por caminos de herradura y nadie nos garantiza que vaya a ser de otra manera”, advirtió la presidenta de la Asociación. Dentro de las demás exigencias figuran que los conductores de vehículos de carga sean considerados como trabajadores de alto riesgo y que se optimicen las instalaciones en puertos y sitios de cargues y descargues.
