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Un tema del que poco se habla pero afectará en breve a las exportaciones argentinas son las regulaciones ambientales que está imponiendo Europa para enfrentar el Cambio Climático. Se trata de mecanismos de compensación (considerados por algunos como trabas al comercio) para evitar que las empresas europeas importen bienes o trasladen su producción hacia países con normativas más laxas.
El fenómeno se conoce como "fuga de carbono" (carbon leakage) y "consiste en disminuciones en las emisiones domésticas de gases de efecto invernadero por parte de países con políticas estrictas, que resultan más que compensadas con aumentos en los países que no tienen este tipo de regulaciones", explica Mariana Conte Grand, economista de la Universidad del Cema y autora junto a Vanesa D‘Elía de un trabajo sobre el "Impacto potencial de las restricciones europeas por ‘fuga de carbono‘ en las exportaciones latinoamericanas".
Según las autoras, "el 71% de las exportaciones argentinas al viejo continente son sensibles a la potencial aplicación de estos mecanismos compensatorios, y el sector más afectado es el de alimentos".
Los productos comestibles representan el 55% de las exportaciones consideradas en riesgo, seguido por los productos minerales (14%). El sector alimentos "es el más vulnerable no sólo por la dependencia comercial que tiene con ese continente (el 30% de las exportaciones totales argentinas de comestibles se dirigen a la UE), sino porque de todos los comestibles que se exportan a Europa, 81% son bienes riesgosos", explicó a El Cronista Conte Grand.
Esto implicaría, en el peor escenario, si el mercado europeo se cerrara completamente a las exportaciones argentinas con alta huella de carbono, una pérdida de divisas anuales cercana a US$6.000 millones (considerando los datos de comercio exterior del Indec de 2016), de los cuales, US$4.500 se explicarían por comestibles que dejarían de exportarse al viejo continente.
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El trasfondo de esta situación es que "actualmente, los países en desarrollo están generando más emisiones en sus territorios que los países desarrollados", señaló Conte Grand.
"Pero si se consideran las emisiones efectivamente consumidas, los primeros están importando gases de efecto invernadero y por eso las emisiones de su consumo terminan siendo mayores".
La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (el dióxido de carbono es el más común, pero no el único), es una de las premisas del acuerdo climático de París firmado en 2015 por 175 países y ratificado hasta ahora por 55 (entre ellos Argentina). A diferencia del Protocolo de Kyoto (1992) que sólo obligaba a reducir emisiones a los países desarrollados, el nuevo pacto implica compromisos de reducción no vinculantes (Indc por sus siglas en inglés) de todos los países.
Para cumplir con sus propios compromisos de reducción de emisiones, los países de la Unión Europea implementaron una serie de regulaciones que implican costos para la industria doméstica, que no enfrentan las empresas radicadas en países con regulaciones más laxas, o que producen utilizando tecnologías más antiguas y contaminantes. Con el fin de compensar esas asimetrías, una de las propuestas es la aplicación de mecanismos de ajuste en la frontera. "El riesgo de este tipo de medidas es que, escudándose en la fuga de carbono, se encubran medidas destinadas más al proteccionismo comercial que al cuidado del ambiente", advirtió la economista de Ucema.
Por esto, cada vez más, "las autoridades y las empresas deberían tener clara la lista de bienes que la Unión Europea considera carbono-riesgosos", consideró la especialista. "En el listado que nosotros analizamos se trata de 150 sectores de la industria manufacturera y extractiva. Ya hay empresas que están adoptando prácticas más amigables con el ambiente, en la medida en que sus costos lo permiten. Pero pensando en una controversia comercial, debería observarse más de cerca la metodología que sigue la UE para definir este listado, con indicadores que muchas veces responden más a un criterio proteccionista que a uno medioambiental", advirtió.
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