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A través de un consorcio integrado en un 75% por Odebrecht y el 25% restante por Enagás, estas empresas se adjudicaron en una licitación a fines de junio la construcción del ducto de 1.000 kilómetros, cuyas obras culminarían a fines del 2017.
"Este es un hito para el país (...) necesitamos que Perú sea un país no solamente con una sólida seguridad energética sino con una solvencia energética capaz de poder industrializar y (exportar) energía a nuestros hermanos de la región y del mundo", dijo el presidente Ollanta Humala en una ceremonia en Palacio de Gobierno.
El gasoducto, que representa una de las inversiones más grandes en Perú, nacerá en el rico yacimiento de gas natural de Camisea, en la región selvática del sur del país, y cruzará los Andes hasta la región costera de Moquegua, donde operan grandes compañías mineras.
El Gobierno espera que la obra ayude a la provisión de electricidad al sur peruano y a otros países de la región y permita la instalación de un polo petroquímico en la costa sur del Pacífico, lo que reforzaría la diversificación de una economía fuertemente dependiente de la minería.
La concesión del proyecto se produce en momentos en que la economía del tercer productor mundial de cobre se ha desacelerado a partir de una menor demanda de minerales de grandes consumidores como China y de una ralentización de las inversiones.
Odebrecht dijo en una reciente entrevista con Reuters que está negociando con un sindicato de bancos de Japón, Francia, Canadá, Italia e Inglaterra para financiar US$4.000 millones del proyecto, equivalentes al 80% de la inversión.
Perú ya cuenta con un gasoducto que nace también en Camisea y que se extiende hasta Lima, en la costa central del país.
Este ducto provee el combustible que genera al menos el 50% de la energía eléctrica en la nación andina.
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