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Un pequeño grupo instaló una carpa improvisada frente al edificio que ardió en llamas la noche del viernes, poco después de que 25 senadores aprobaran a puertas cerradas el proyecto que habilita al presidente Horacio Cartes a postularse por un período más.
Manifestantes irrumpieron el viernes en el edificio y lo incendiaron, en una noche de furia en la que destrozaron otras instalaciones y vehículos, y se enfrentaron a piedras con las fuerzas del orden.
La tensión creció cuando policías ingresaron en la sede del Partido Liberal, el segundo mayor del país, y dispararon matando por la espalda a un joven. Tras los incidentes, el presidente destituyó al ministro del Interior y al jefe de la Policía.
Los manifestantes comenzaron a juntar firmas para pedir que se retire la iniciativa mientras políticos de la oposición advertían sobre la posibilidad de nuevos desbordes si los legisladores siguen adelante con el plan.
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"Lo más importante es el retiro del pedido de enmienda (...) si no se desactiva esto, estamos ante una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento", dijo a periodistas el intendente de Asunción, Mario Ferreiro.
La Cámara de Diputados podría tomar una decisión sobre la sesión el martes, cuando se reúna su mesa directiva. Una eventual condicionante para la reunión es el estado del edificio legislativo, cuya estructura corre el riesgo de colapsar.
Legisladores leales a Cartes sugirieron que seguirán adelante con el plan que también beneficia al ex presidente socialista Fernando Lugo.
"El proyecto de enmienda se va a debatir cuando los diputados consideren pertinente y tengo la convicción de que será aprobado", dijo la senadora oficialista Lilian Samaniego.
En un mensaje grabado, Cartes lamentó los incidentes y criticó la violencia pero no se refirió a la reelección.
Los disturbios opacaron una asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo que era vista como una oportunidad para que el país, que ha registrado un sólido crecimiento económico los últimos años, se mostrara al mundo.
También elevó la preocupación en los gremios empresariales, que pidieron a la clase política devolver "la tranquilidad a todos (...) haciendo los renunciamientos que sean necesarios".
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