Opositores intentan "tomar" Caracas para exigir una fecha para revocatorio contra Maduro

Una multitud de opositores llegó a la capital desde varios puntos del país, muchos sorteando cierres de carreteras y controles de las fuerzas de seguridad, para llenar tres avenidas vitales y pedirle al árbitro electoral diligencia en el proceso para revocar al mandatario.

"Han tenido el poder 17 años y no han hecho nada. Ya se les acabó el tiempo. Este Gobierno no funciona", dijo Naty Gutiérrez, una jubilada de 53 años vestida, como miles a su alrededor con una camiseta blanca, en uno de los siete puntos en los que la oposición llamó a sus seguidores a congregarse.

"Hoy vamos a derrocar el hambre, la inseguridad, la inflación y la corrupción", agregó Gutiérrez, quien condujo desde la ciudad vecina de Maracay a Caracas. Dijo que tardó el triple del tiempo normal de viaje, por los múltiples puntos de control con los que se topó.

Miles de personas, de todas las edades, con gorras y banderas de Venezuela, engrosaban cada minuto las protestas, que se desarrollaban en un ambiente festivo y circundadas por uniformados.

Pocos incidentes se contaban durante las primeras horas de la concentración. Un canal de televisión reportó que uniformados rociaron gases lacrimógenos a manifestantes que caminaban por una vía de acceso a Caracas, que había sido bloqueada.

Otros puntos de acceso principales amanecieron bloqueados con vehículos militares, sin embargo mucha gente prosiguió su recorrido caminando por autopistas y calles.

Y al otro lado de la ciudad, cientos de seguidores del presidente Maduro, también se juntaban para mostrar apoyo a la "revolución socialista".

"La oposición, con su marcha, quiere tumbar al Presidente, pero no va  a poder", dijo Adriana Jiménez, una funcionaria de 44 años de edad que se unía a la movilización convocada por el partido de gobierno.

La oposición señala a Maduro como el principal responsable de la aguda crisis que sufre el país petrolero, y que tiene a millones haciendo enormes colas diarias en busca de alimentos y medicinas escasos, en medio de una inflación que no da tregua y una recesión económica de dos años.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) espera más de 1 millón de seguidores en las tres principales avenidas de Caracas, sobre casi 20 kilómetros. Sin embargo, desde principios del 2014, cuando hubo una ola de protestas antigubernamentales que dejó 43 muertos, no ha logrado organizar marchas multitudinarias.

En paralelo, en la mayoría de capitales de Latinoamérica, y algunas ciudades de Europa y Estados Unidos, también están convocadas manifestaciones de apoyo a la oposición venezolana.

"Golpe de estado"

La MUD acusa que el árbitro electoral está dilatando el procedimiento para convocar un referéndum revocatorio ya que, si se realiza después del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde su mandato, no se celebrarían nuevas elecciones y sería su vicepresidente el encargado de completar el término.

A principios de mes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo que la recolección de firmas que permita convocar al revocatorio se llevaría a cabo a fines de octubre, lo que aleja la posibilidad de que la consulta se realice este año, pues organizar el referéndum tardaría al menos tres meses.

Maduro, por su parte, ha dicho en varias oportunidades que el revocatorio no se llevará a cabo este año y que tras la marcha del jueves sobrevendrá un golpe de Estado en su contra, como sucedió en el 2002 con el fallecido Hugo Chávez.

"La amenaza viene directamente del imperialismo norteamericano. Es una arremetida abusiva, la meta es recolonizar nuestros países", dijo en la víspera.

"No nos van a derrotar. Aquí no se rinde nadie", agregó tras convocar a sus partidarios a congregarse el jueves en las inmediaciones del palacio presidencial de Miraflores.

En las vías de acceso a Caracas y cerca a los siete puntos de concentración que dispuso la oposición, el Gobierno reforzó las medidas de seguridad con tanquetas y policías antimotines.

Además, la oposición denunció que en las últimas horas se detuvo a un puñado de sus dirigentes y a dos alcaldes; y que a una decena de periodistas extranjeros se les prohibió la entrada al país para reportar las manifestaciones.

Incluso, un corresponsal del diario Miami Herald fue deportado la noche del miércoles, aunque alegó tener una visa de trabajo vigente.