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La aplicación de domicilios tendrá que pagar una suma superior a los 16 millones de euros por el impago de cotizaciones

Diario Expansión - Madrid

La Inspección de Trabajo ha dado de alta en la Seguridad Social a un total de 11.013 trabajadores de Glovo tras las actuaciones realizadas en 2019 y en lo que va de año, según han señalado fuentes conocedoras a Europa Press.

En concreto, la Inspección ha llevado a cabo un total de 30 actuaciones durante el año pasado y este año por las que se solicitan más de 16,2 millones de euros a la compañía por las cotizaciones impagas de estos trabajadores considerados falsos autónomos.

Las actuaciones responden por un lado a denuncias de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CNT, CUT, Corriente Sindical d'Izquierda de Uvieu y SAT) y por otro a actuaciones de oficio de la propia Inspección, según adelantaba elDiario.es.

Sobre las denuncias de los sindicatos, se llevaron a cabo en un primer momento siete actuaciones, que consiguieron el alta de 4.275 'riders' y por las que se le pidió a la empresa algo más de 8,2 millones de euros.

Posteriormente, también por denuncias de los representantes de los trabajadores, se realizaron 15 órdenes de servicio, por las que se dio de alta en la Seguridad Social a 4.976 trabajadores y se le exigió a Glovo más de 5,7 millones de euros.

Mediante las investigaciones de oficio de la Inspección de Trabajo se realizaron 8 actuaciones más, con las que se consiguieron el alta de 1.762 trabajadores y por las que se le solicitó a la compañía casi 2,22 millones de euros.

Esta campaña es de las más grandes que ha hecho la Inspección de Trabajo en este tipo de plataformas, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de las acutaciones.

Las inspecciones realizadas entre 2019 y 2020 se han llevado a cabo en diferentes provincias de la geografía nacional, como en Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz.

Diálogo social
Precisamente este miércoles Gobierno, sindicatos y empresarios han acordado en la mesa del diálogo social para abordar la conocida como ley de 'riders' que la normativa no se centre solo en este colectivo de trabajadores, sino que abarque a todos los falsos autónomos.

"La mesa no se va a ceñir a los 'riders', sino que se aspira a establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales", ha apostillado CCOO en declaraciones tras el encuentro.

Los interlocutores sociales volverán a reunirse con el Ejecutivo el próximo miércoles por la tarde con propuestas concretas. En el encuentro de hoy se ha debatido el marco general de la situación por la que atraviesan estos trabajadores y será a partir de la semana que viene cuando se debatirán las propuestas.

Desde el comienzo del mandato de Yolanda Díaz al frente del Ministerio, la ministra ha dejado claro en reiteradas ocasiones que el uso de medios tecnológicos o digitales no puede "desvirtuar" la naturaleza de la actividad prestada, ni todas las actividades prestadas con el apoyo de instrumentos digitales responden a los mismos presupuestos ni tienen el mismo objetivo.

Además, el Ministerio siempre ha defendido que los nuevos modelos de negocio on line deben estar sometidos "a las mismas reglas" que los modelos de negocio clásicos para "equiparar" los modelos de producción clásicos o tradicionales y los nuevos modelos tecnológicos o informáticos.

El departamento de Díaz quiere asegurar para estos trabajadores la garantía de un salario cuyo sueldo viene determinado por una norma legal, un tiempo de trabajo máximo junto a periodos mínimos de descanso, derechos asociados a la extinción del contrato de trabajo, el derecho a unas condiciones de trabajo seguras y saludables o el ejercicio de derechos colectivos con las garantías de indemnidad precisas.

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