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En medio de la mayor crisis financiera en la historia de España y tras sufrir duros ataques políticos y mediáticos por la situación de los bancos, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, presentó su renuncia, un mes antes del fin de su mandato.
Ordóñez comunicó su decisión al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una reunión que ambos mantuvieron este martes.
El banco central explicó que el adelanto de la salida se produce ante las importantes decisiones que habrá de afrontar la institución a partir del 10 de junio, fecha efectiva de la salida de Fernández Ordóñez.
"(A partir de dicha fecha) han de tomarse decisiones muy importantes, como la aprobación de los planes derivados de dicho RD-l (Real Decreto-ley de la última reforma financiera) o los trabajos relacionados con las evaluaciones de las consultoras privadas sobre nuestro sistema bancario", dijo el Banco de España.
"El gobernador considera que para afrontar este nuevo periodo dispondrá tan solo de un mes, por lo que piensa que su decisión es la mejor para la institución que preside y sobre todo para el nuevo gobernador, que así podría participar plenamente en todas esas importantes decisiones desde el primer momento", agregó el comunicado.
Inicialmente, estaba previsto que Fernández Ordóñez dejara el cargo el 12 de julio.
Fuentes del Gobierno aseguran que no ha habido presión para adelantar la salida del funcionario en un momento en el que en el Congreso se endurece el debate sobre la posibilidad de crear una comisión de investigación sobre Bankia y permitir o no la comparecencia del gobernador.
Antes de su salida, Ordóñez comparecerá el miércoles en el Senado para hablar sobre el presupuesto.
Tras la aprobación en cuatro meses de dos decretos para reformar los bancos, el 11 de junio las entidades financieras tienen que presentar los planes de saneamientos para cumplir con las nuevas exigencias del Gobierno en su intento de despejar dudas sobre el estado de salud de la banca española.
La apresurada marcha de Fernández Ordóñez, que fue designado en su actual cargo bajo el anterior Gobierno socialista, se conoce apenas cuatro días después de que el grupo BFA-Bankia anunciara que pedirá ayudas públicas récord de más de 23.000 millones de euros, las mayores de la historia financiera española.
El Banco de España había aprobado a mediados de abril, aunque con alguna salvedad, los planes de recapitalización que había presentado una Bankia todavía con ganancias, antes de que una revisión de las cuentas tras la nacionalización develara pérdidas atribuibles de 3.000 millones de euros.
El gigantesco apoyo público, junto con la valoración independiente que van a hacer auditores externos de la situación de la banca española, han puesto en entredicho la labor de supervisión del banco central antes y durante la crisis, incluyendo constantes críticas más o menos veladas desde el Gobierno.
La semana pasada el ministro de Economía, Luis de Guindos, no dudó en afirmar que BFA-Bankia era un caso "paradigmático de los errores" del sector en los últimos años, criticando la idoneidad de la fusión que dio lugar al grupo bancario, así como la salida a bolsa de Bankia, operaciones realizadas bajo la supervisión de Ordóñez.
A preguntas de periodistas sobre la confianza del Gobierno en el Banco de España durante la presentación de la última reforma financiera este mes, De Guindos dijo que no dudaba de la profesionalidad del personal de la entidad, pero lanzó un nuevo ataque al equipo gestor del banco diciendo que "recuperará" su prestigio.
Durante el mandato de Ordóñez -que durará cinco años y once meses- el Banco de España ha tenido que intervenir cuatro entidades -CCM, Cajasur, CAM y Banco de Valencia - y nacionalizar otras cuatro -BFA-Bankia, Unnim, CatalunyaCaixa (CX) y Novacaixagalicia (NCG)- con un costo público de 15.000 millones de euros sin incluir Bankia.
En una de sus más famosas intervenciones en pleno proceso de subasta de la CAM, el gobernador del banco central dijo que la caja era "lo peor de lo peor".
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