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En los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que 30 % son menores de edad

Expansión - Madrid

El Gobierno ha aprobado hoy en un Consejo de Ministros Extraordinario el Ingreso Mínimo Vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Esta prestación llegará a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores. La cuantía a recibir oscilará entre los 461,5 y los 1.015 euros dependiendo de la composición del hogar.

Esta medida ha sido presentada por el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que han formado parte del diseño de esta prestación.

Iglesias ha dejado patente que el Ingreso Mínimo Vital(IMV) es una medida para luchar contra la pobreza, especialmente la infantil, de nuestro país. Y "es también una cuestión de libertad, porque no hay libertad si no se llega a fin de mes".

El IMV fija un umbral mínimo de renta garantizado para cada tipo de hogar, dependiendo del número de miembros, que parte de los 461,5 euros al mes en doce pagas para un adulto solo, el equivalente a una pensión no contributiva.

El máximo será de 1.015,3 euros al mes en doce pagas para familias de 2 adultos con 3 niños o de 3 adultos con 2 niños, entre otras, en tanto que se establece un complemento adicional para las situaciones de monoparentalidad de 100 euros.

Será una prestación de la Seguridad Social con un coste anual de unos 3.000 millones de euros que podrían llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente 2,3 millones de personas, de los que el 30 % son menores.

Nivel de ingresos, clave para acceder
El acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Respecto a los ingresos, los totales del año anterior deberán ser inferiores a la renta garantizada anual.

Por ejemplo, según ha dicho, en el caso de una unidad de convivencia con dos adultos y dos menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. "Y también se puede solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que en términos anuales estarían por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se hayan visto afectadas por una situación de pobreza sobrevevenida a causa de la Covid-19", ha añadido.

El 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, de los que 9 de cada 10 están encabezados por una mujer.

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio y todas las solicitudes que se cursen desde ese momento hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio, aunque se empezará a pagar el mes que viene de oficio a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo.

Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años, o desde 18 años si hay menores a cargo, que lleven al menos un año de residencia legal en España.

Según Iglesias, "hoy es un día histórico para la democracia" porque "nace un nuevo derecho social en España", en lo que describió como "el mayor avance en derechos sociales por lo menos desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006".

Recordó el informe del relator Philip Alston de Naciones Unidas que "sacaba los colores" a España por las bolsas de pobreza y dictaminó que "la pobreza es una opción política", para establecer que el ingreso mínimo será una prestación "no coyuntural sino estructural" porque la pobreza es estructural. "La opción de este Gobierno es la justicia social", contrapuso.

"Política útil"
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado en su intervención que el Gobierno que preside Pedro Sánchez hace "política útil" y da "respuesta inmediata" a los "problemas" de los ciudadanos.

Se trata, según Montero, de crear una "auténtica red de seguridad para estas familias" más vulnerables con el "objetivo de que nadie se quede atrás".

"Creamos un nuevo derecho de ciudadanía" y con este ingreso mínimo hay "un antes y un después en la lucha contra la pobreza extrema, sobre todo la infantil", ha añadido la ministra.

Incentivos por estar trabajando
El Gobierno promoverá estrategias de inclusión de las personas beneficiarias y se aplicará un "incentivo" al ingreso mínimo vital para las unidades de convivencia donde uno o todos los activos estén trabajando.

Igualmente, se contempla la creación de una Comisión de seguimiento, que estará presidida por el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y contará con la presencia del Secretario de Estado de Seguridad Social, a la que se sumará un Consejo Consultivo del Ingreso Mínimo Vital, como órgano de cooperación con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará a unos 3.000 millones de euros al año que serán financiados con cargo a los presupuestos generales del Estado. El IMV podría complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las comunidades autónomas.

Comunidades Autónomas
En cuanto a la negociación con las CCAA, el Gobierno ha llegado a un acuerdo con el PNV por el cual el País Vasco y Navarra asumirán los trámites de esta prestación.

A raíz de conocerse este pacto, otras comunidades han pedido que también se les transfiera la gestión del Ingreso Mínimo Vital, como Cataluña o Galicia, o han pedido la "cogestión" del mismo, como en el caso de la Generalitat Valenciana.

También está dispuesto a asumir la gestión del Ingreso Mínimo el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, quien ha asegurado que "no se entendería" que entre las comunidades autónomas hubiera diferencias, una idea en la que también ha insistido el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que ha rechazado la decisión de ceder la gestión de esta prestación a País Vasco y Navarra porque "ahonda en la desigualdad entre comunidades autónomas".

Igualmente se ha quejado por esta decisión la consejera balear de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago, que en todo caso ha considerado "arriesgado" que Baleares gestione al 100% el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

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