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"Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente, ni conveniente, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución", expresó Ortega a través de una carta difundida por los medios locales de comunicación.
La máxima autoridad del Ministerio Público manifestó su negativa a participar en una reunión de Estado para discernir sobre la convocatoria a una Constituyente, con la cual el gobierno prevé modificar la Carta Magna con la finalidad de "ampliarla", y que supone el desarrollo de elecciones para escoger a unos 500 redactores de la nueva legislación.
A juicio de Ortega, la iniciativa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, "aceleraría la crisis" actual, debido a los cambios que sufrirá el esquema electoral, que ahora incorporará ámbitos sectoriales de elección, los cuales se anexarán al tradicional modelo territorial de escogencia.
A eso se suma "el carácter sectorial o corporativo -de representación indirecta- que asoma el decreto dictado por el Ejecutivo, y que funge de líneas matrices para la elaboración de las bases comiciales del proceso de convocatoria", sostuvo.
De igual manera, consideró que la Asamblea Nacional Constituyente "lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre" en el seno de la población, por una eventual modificación de las conquistas sociales alcanzadas con la Constitución vigente.
El gobierno venezolano asegura que la Constituyente permitirá solucionar la crisis política, acentuada por la exigencia opositora de adelantar las elecciones presidenciales de 2018, y de restaurar el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional (AN, Congreso), que se encuentra en desacato.
La víspera, Maduro reiteró que la iniciativa es esencialmente constitucional, y que a través de ésta se "dinamizarán los cambios" necesarios para que Venezuela resurja en el ámbito político y económico.
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