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Se recortó a fondos de entes autónomos como el árbitro electoral y el regulador de las telecomunicaciones
El Congreso mexicano concluyó el viernes la aprobación del presupuesto federal para 2020, superior al de este año, en medio de fuertes críticas de la oposición por recortes a los fondos de organismos autónomos como el árbitro electoral, el regulador de las telecomunicaciones y la comisión de derechos humanos.
Tras una larga sesión en una sede alterna al edificio legislativo, que días previos fue tomado por organizaciones de campesinos que reclamaban mayores recursos, el presupuesto de egresos para el próximo ejercicio fue aprobado con 321 votos a favor y 78 en contra durante la madrugada.
"Se garantizó que haya presupuesto para desarrollo, que haya presupuesto suficiente como nunca para el bienestar del pueblo", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su habitual conferencia de prensa matutina.
El gasto autorizado suma seis billones de pesos (US$315.000 millones) y contempla un incremento del 8,8% a Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo, y de un 1,4% a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El presupuesto de 2019 fue de 5,84 billones de pesos mexicanos.
También prevé recursos para la construcción de la refinería Dos Bocas, en el sureño estado Tabasco, con la cual se busca incrementar la capacidad de procesamiento de crudo y satisfacer las necesidades del mercado interno. Además, se reasignaron miles de millones de pesos para programas sociales del Gobierno.
Los diputados del opositor Partido Acción Nacional (PAN) no asistieron a la sesión en reclamo por los recortes a los organismos autónomos que, consideraron, minan la democracia.
"La intención es clara: centralizar el poder, hacerse de clientela política, debilitar los contrapesos del Ejecutivo. El nuevo gobierno desprecia la democracia", opinó Marcela Torres, diputada del PAN.
En total, las entidades autónomas tendrán un recorte de unos US$215 millones. Entre las más afectadas figuran el máximo organismo judicial del país, la Fiscalía General, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el regulador de las telecomunicaciones IFT.
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