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El mes pasado, varios fiscales presentaron cargos contra el dueño de dos inmobiliarias que, según las autoridades, destruyeron en 2013 una pirámide de seis metros con una retroexcavadora en la huaca El Paraíso, y que planeaba hacer lo mismo con otras tres para construir viviendas.
Los arqueólogos señalan que incidentes como ese destruyen cada vez más el patrimonio cultural de Perú, que incluye el imperio Inca, uno de los más grandiosos del mundo, y varias otras notables civilizaciones.
El rápido ascenso de la economía moderna, sostienen, choca con los restos de sociedades milenarias de tal manera que minimiza los saqueos que por mucho tiempo han vandalizado las ruinas peruanas.
“Yo creo que ahora es mucho más grande que el problema de los saqueos”, dice Walter Alva, un arqueólogo peruano que ha realizado algunos de los descubrimientos más importantes de los últimos 30 años en el país. “Es muy difícil compatibilizar la protección del patrimonio con el interés económico”.
Durante la última década, Perú ha registrado un crecimiento anual promedio de más de 6%, el más acelerado de Sudamérica. La inversión extranjera en este país rico en minerales pasó de US$ 1.600 millones en 2004 a US$ 10.000 millones en 2013.
The Wall Street Journal recordó que conforme la clase media impulsó la demanda de viviendas y automóviles, la tasa de pobreza cayó de casi 60% a 24%.
No obstante, la protección de fortalezas y pirámides andinas se ha quedado atrás, dicen funcionarios y arqueólogos, que en parte culpan a un presupuesto para la arqueología que apenas llega a los US$ 7,3 millones.
Menos de 20% de los 14.000 sitios arqueológicos en la base de datos del Ministerio de Cultura han sido mapeados por el gobierno para determinar sus límites precisos. Sólo 133 sitios han sido incluidos en un catastro de tierras que les otorga mayor protección.
Las Líneas de Nazca, los enormes jeroglíficos marcados en el desierto al sudeste peruano hace 2.000 años, han sido dañadas por la urbanización, la minería informal y la construcción de carreteras. El Ministerio de Cultura planea presentar al menos 10 denuncias penales contra los responsables.
Arqueólogos que estudian el complejo fortificado de Chankillo, que alberga un observatorio solar de 2.300 años de antigüedad y que se ubica unos 400 kilómetros al norte de Lima, han luchado contra minas de oro informales y carreteras construidas por agricultores de espárragos que destruyeron parte de un cementerio prehistórico, cuenta el arqueólogo Iván Ghezzi, que encabeza la investigación en Chankillo y cree que al menos 30 sitios arqueológicos están cubiertos de espárragos.
Más de 190 kilómetros al norte de Lima, el complejo de Cerro Colorado, parte de la civilización Caral-Supe, la más antigua de América, fue dañado en 2012 por la minería y la construcción de carreteras. El gobierno ordenó a la empresa que dejara de operar en la zona tras los pedidos de los arqueólogos.
Los defensores de la preservación de la historia peruana insisten que los daños a estos y decenas de otros sitios son irreparables. “Es como quemar un libro que nunca más nadie va a leer”, asevera Ruth Shady, una arqueóloga peruana y experta en la civilización Caral-Supe. “Estás perdiendo la información que el libro contiene”.
Proteger el patrimonio cultural es un desafío global. El año pasado, una pirámide maya fue arrollada con una excavadora en una construcción en Belice. Sitios prehistóricos han sido tan dañados por la guerra civil en Siria que Naciones Unidas describe la situación como una “hemorragia cultural”.
Arqueólogos dicen que el robo de antigüedades en Grecia ha aumentado después de que los recortes de gastos a raíz de la crisis económica dejaron desprotegidos algunos complejos arqueológicos.
En Perú, el clima seco de la costa ayudó a preservar un rico tesoro de textiles de miles de años de antigüedad hechos de alpaca, vicuña y algodón, así como cerámicas coloridas y joyas bañadas en oro.
Eso ha sido un imán para los arqueólogos que han acudido en masa a Perú desde la época de Hiram Bingham, el explorador estadounidense al que se le atribuye el descubrimiento de la ciudadela inca de Machu Picchu en 1911. Sin embargo, es un obstáculo para las inmobiliarias que enfrentan retrasos burocráticos.
Contugas, una filial del colombiano Grupo Energía de Bogotá, afirma que se topó con 10 sitios arqueológicos cuando construía un gasoducto de casi 300 kilómetros para transportar gas natural a la ciudad de Ica, en el sur de Perú. El proyecto, que se completó en abril, tuvo un retraso de 200 días debido a solicitudes del gobierno para que esquivara las zonas arqueológicas, dijo un vocero de la empresa.
Los arqueólogos señalan que nuevos proyectos de inversión, entre ellos un gasoducto de casi 1.000 kilómetros que será construido por la brasileña Odebrecht y la española Enagás, afectarán decenas de sitios arqueológicos.
“Están enfrentando un reto increíble”, reconoce Luis Jaime Castillo, un arqueólogo que es viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura.
Las compañías deben contar con un arqueólogo en el lugar para excavar y recuperar los objetos y tumbas para protegerlos en casos en que no es posible detener o alterar el proyecto, pero eso causa retrasos.
El Ministerio de Cultura dice que está en busca de un equilibrio entre la protección del patrimonio y asegurarse de que la arqueología no sea un obstáculo para el desarrollo.
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