La mejora y agilidad en las normas y trámites son fundamentales para el desarrollo económico del país, pues de esto depende que no se generen costos innecesarios y demoras, lo que resta competitividad frente a otros países.
La respuesta del Gobierno a este problema está en el Decreto Ley Anti trámites 2106 de 2019, gracias al cual todas las entidades públicas pueden realizar mejoras en 2.900 trámites y procedimientos administrativos con el objetivo de brindar mejor servicio y atención a los ciudadanos.
Tras seis meses de este Decreto, según información de Función Pública, se han logrado mejoras significativas en la prestación de los servicios las cuales han significado ahorros para ciudadanos y empresarios por más de $1.185 millones.
Además, gracias a la estrategia Estado Simple, Colombia Ágil, que involucra la totalidad de las entidades del Estado, se han intervenido más de 2.200 trámites, normas y barreras, con ahorros de más de $200.000 millones.
Aún queda muchísimo camino por recorrer, pues los empresarios todavía se quejan de la tramitología existente en Colombia, principalmente en lo que se refiere a hacer negocios.
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