La empresa de tecnología planea una demanda contra Colombia por, según sus argumentos, violar los acuerdos del tratado de libre comercio con Estados Unidos

María Alejandra Ruiz Rico - mruiz@larepublica.com.co

A partir del próximo primero de febrero, Uber dejará de funcionar en el país. La decisión fue tomada debido a la orden de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de suspender sus servicios en Colombia, al fallar una demanda que interpuso Cotech S.A. (quienes manejan la aplicación de Taxis Libres) por competencia desleal. Esta decisión no ha caído bien en los usuarios, al punto que expertos en teconología como Diego Santos han criticado las circunstancias en que se da la salida.

Aunque Uber apeló el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, la compañía ya anunció al Estado colombiano que buscará demandarlo y, así las cosas, se va en medio de disputas con los organismos de vigilancia y control, varios episodios de protestas de sus conductores y con pérdidas de millones de dólares a nivel mundial.

La empresa señaló en un comunicado que “considera que la decisión (de la SIC) es arbitraria pues va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”. Además, dijo que la determinación es contraria a lo que establece el TLC con Estados Unidos.

Ante el anuncio de la demanda, el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estados, Camilo Gómez, dijo que el país está listo para enfrentar el posible litigio, pero aclaró que antes de eso es necesario llevar a cabo una serie de conversaciones directas con la empresa.

Más allá de los problemas con esta sanción puntual de la SIC, lo cierto es que la plataforma ya había enfrentado sanciones anteriores. Tan solo el año pasado, las multas interpuestas ascendían a más de $2.500 millones, y había tenido desencuentros con las autoridades por temas como promoción y prestación de servicios de transporte no autorizados o protección de datos personales de los consumidores.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó que en el país hay 24 plataformas habilitadas para la prestación de este servicio de transporte, pero que el Gobierno debe propender por el cumplimiento de la ley y que para empresas como Uber funcionen se necesitan cambios regulatorios impulsados por el Congreos.

Más allá de su legalidad, otro frente abierto de Uber es el de sus socios. Cabe recordar que a finales de 2018 y mediados del año pasado, las tensiones con sus socios conductores estuvieron bastante elevadas, debido a que estos últimos pedían mejoras salariales y protección de la seguridad social. La crispación llegó a tal punto que la propia ministra de Trabajo, Alicia Arango, tuvo que salir a dar la cara a los medios de comunicación y reconoció la necesidad de que plataformas como Uber y Rappi protejan a sus colaboradores.

El problema principal de Uber con sus socios conductores en Colombia es el mismo que han tenido en muchas partes del mundo: el estatus. Mientras muchos de los colaboradores de la plataforma consideran que son empleados de esta, y que por eso deberían tener beneficios como la seguridad social, la compañía tecnológica ha dicho siempre que no son una empresa de transporte de pasajeros y que quienes trabajan con ellos son socios y son trabajadores independientes.

En California, por ejemplo, Uber está enfrascada en una tensa batalla legal por una norma que la obliga a reconocer a estos colabores como empleados.

Este no es el único litigio que ha tenido la empresa, se suman los de Hungría, Dinamarca, Bulgaria, Turquía, entre otros, y ciudades como Londres, Frankfurt, Barcelona o la segunda más grande de República Checa, Brno, donde han sido restringidas.