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Después del fallo que obliga a pagar $1,6 billones, empresa requeriría nueva capitalización.
La calificadora de riesgo Standard & Poor's colocó en el listado de revisión especial con implicaciones negativas las calificaciones de ‘BB’ de Colombia Telecomunicaciones, tras el fallo preliminar del tribunal de arbitraje que obliga a la empresa a pagar $1,6 billones al Gobierno.
“La colocación de las calificaciones en CreditWatch con implicaciones negativas refleja nuestras preocupaciones sobre el impacto potencial del fallo arbitral sobre la posición de liquidez de la compañía, que ya se encuentra en dificultades en medio de presiones significativas derivadas de su baja generación de flujo de efectivo, la salida de capital de trabajo y los vencimientos de deuda de corto plazo”, aseguró la calificadora a través de un comunicado.
De acuerdo con la opinión de Camilo Silva, cofundador de Valora Inversión, esta decisión refleja el mayor riesgo que tiene la compañía de no cumplir con sus obligaciones financieras. "Si la sanción se mantiene veremos unos cambios en la perspectiva y la calificación de la compañía. Por ende, Colombia Telecomunicaciones tendría que ajustar su presupuesto para poder soportarlo", explicó.
Según los analistas de la Entidad la otra manera de evitar la rebaja de nota sería que se apruebe una nueva capitalización, adicional a los $4,4 billones que ya están en camino de realizarse, a través de los socios y del Gobierno nacional para el pago del pasivo de Telecom.
La empresa de calificación está analizando también el tiempo que tiene Coltel para realizar el pago que le exigió el tribunal de arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que en el fallo determinó que las empresas Comunicación Celular S.A. (hoy Claro) y Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (hoy Movistar) deberán pagar al Estado un valor aproximado de $4,8 billones (unos US$1.584 millones). Este análisis se realiza ya que el tribunal responderá mañana si hay una posible extensión hasta el 14 de agosto de 2017 para conseguir los recursos, de los contrario, "según entendemos, si la decisión del tribunal se mantiene sin cambios, Coltel tendría 15 días hábiles para pagar".
Cabe recordar que en el comunicado que emitió el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), la entidad que aseguró que respeta y acata el fallo, ese monto "equivale en dinero a los bienes, elementos, equipos e infraestructura necesarios para la prestación del servicio concesionado a la fecha de finalización de los contratos en noviembre de 2013".
Este informe se suma a las preocupaciones que han evidenciado varios analistas de la región y que analizando las multas dijeron a El Economista de México que "la decisión de los jueces respecto a Movistar y Comcel golpea esa imagen de país moderno y arropador que Colombia ha intentado crearse desde los atribulados años de 1990, lo que afectaría la inversión extranjera que está intentando atraer".
A el Diaro económico, Gustavo Fontanals, analista Telecom en la Universidad de Buenos Aires (UBA) agrega que “la sanción es muy dura y las empresas seguro van a buscar negociar. Estoy seguro de que ni la Presidencia ni el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones querían esto. Es muy duro, porque es pelear con dos empresas muy grandes que manejan servicios esenciales, que generan alto empleo, pago de impuestos y que tienen una alta capacidad de inversión, y puede que también es mala señal para otros inversores”.
Y agrega el artículo, que a pesar de que ahora, “algunos en el gobierno y la misma sociedad de Colombia lo verán todo como un triunfo de la legalidad, habrá que tener cuidado de que el corto tiempo no termine siendo un fracaso para el despliegue de redes e infraestructura. Es extraño que Colombia, un país de espacio libre para el debate y la innovación de políticas, vaya en sentido contrario a las manecillas del reloj y que ahora esté mostrando esa cara de que al mismo tiempo es regulador, creador de política pública y empresario, lo que significa es que no tiene neutralidad regulatoria”, concluyó Jorge Fernando Negrete, de Mediatelecom Policy & Law.
Además de la denuncia penal en contra del funcionario, se adelantarán otras acciones legales para recuperación la administración de la EPS
El órgano de control aseguró que la operación de la empresas continuará con normalidad y que ningún empleado será retirado
La entidad académica explicó que esta decisión se hace con el objetivo de “garantizar un proceso idóneo y con los más altos estándares”
