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El primer foco pretende aumentar la productividad de las empresas y destrabar los largos procesos burocráticos con la extensión de los beneficios de la Ley de infraestructura para pymes de hidrocarburos, minería y energía, especialmente en materia de predios y licencias ambientales.
Adicionalmente, se quiere estimular la actividad exploratoria igualando las condiciones de las garantías para todos los contratos, ampliando el plazo de fase exploratoria y permitiendo el traslado de inversión hacia áreas de mayor potencial.
También, el Ministerio de Minas buscará incentivar el desarrollo costa afuera, a través de un ajuste en las condiciones económicas de los contratos firmados antes de 2014.
Para la cartera es prioridad incentivar la asignación de las áreas con poco conocimiento y facilitar su conversión para posterior explotación. Esto al final se traducirá en mayor producción y aumento de reservas.
Por otro lado, se reducirán los requisitos de capacidad técnica y operacional para la asignación de nuevas áreas, sin olvidar que la institucionalidad y las normas siguen siendo rigurosas y serias, pero adaptadas a las realidades del mercado y a la coyuntura actual.
“El país requiere una producción por encima del millón de barriles y una minería competitiva para darle viabilidad al desarrollo del país. Es con los recursos de regalías, impuestos y contribuciones del sector, que financiamos gran parte de los programas sociales del Gobierno”, explicó el ministro de Minas Tomás González.
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La entidad reguladora asegura que los procesos no restringirán los procesos operativos de las compañías, con el objetivo que puedan cumplir con los compromisos adquiridos con los acreedores