Tras la suspensión de las operaciones de cargue y descargue de Drummond a causa del vertimiento de carbón al mar de Santa Marta, los especialistas en derecho ambiental reaccionaron afirmando que las empresas mineras que funcionan en el país debían respetar los recursos naturales nacionales.
Sin embargo, es la misma licencia ambiental la que compromete a las empresas, no solo mineras, a ejecutar un proyecto que puede producir un deterioro al medio ambiente, bajo unos requisitos y obligaciones en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la actividad.
Para Ricardo Arquez, especialista en temas ambientales, a pesar de que estas licencias permiten el desarrollo de la sostenibilidad y de una alta gestión de la actividad industrial, existe una falla relacionada con la falta de seguimiento de esta hoja de ruta.
Gloria Amparo Rodríguez, directora de la especialización y linea de Investigación en derecho ambiental de la Universidad del Rosario, señaló que “se considera infracción en materia ambiental toda acción u omisión que constituya una violación de las normas ambientales y la comisión de un daño al medio ambiente”. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, establecida en la ley 1333 de 2009, que en términos monetarios, puede llegar hasta 5.000 salarios mínimos diarios, es decir, $2.649 millones.
Dentro de las sanciones también se encuentran el cierre temporal o definitivo del establecimiento o servicio; la revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, la concesión, permiso o registro; la demolición de la obra a costa del infractor; el decomiso definitivo de especímenes, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción; la restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres; y el trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.
¿cómo tramitan las empresas estas licencias?
La solicitud de la licencia ambiental se hace ante la autoridad ambiental competente. De ella hacen parte la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, los Grandes Centros Urbanos y las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002.
Las opiniones
Gloria Amparo Rodríguez
Especialista en derecho ambiental
“se puede perder la Licencia si transcurridos cinco años a partir de su ejecutoria, no se ha dado inicio a la obra”.
Ricardo Arquez
Especialista en Sostenibilidad
“las empresas deben cumplir el plan de manejo ambiental para el cabal desarrollo de las metas y minimizar los impactos”.
