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Durante el encuentro con directivos se presentó un panorama del proyecto, los avances a la fecha y las incertidumbres jurídicas
El gerente general de EPM, Jorge Andrés Camilo Cardoso se reunió con los representantes de los gremios del sector de los servicios públicos para dialogar sobre las gestiones que se vienen adelantando para continuar con el proyecto Hidroituango.
Durante el encuentro se presentó un panorama del proyecto, los avances a la fecha y las incertidumbres jurídicas que han resultado por el fallo de segunda instancia de la Contraloría.
“Tuvimos una reunión muy buena con el gerente de EPM y con todo su equipo de trabajo, nos entregaron la información detallada del Proyecto y de las finanzas de EPM. Yo creo que la conclusión más grande es que este proyecto tiene que salir adelante. Tenemos que unirnos todos para acompañar a EPM, que se ha caracterizado por tener gente fantástica técnicamente. Yo creo que ese es el mensaje de hoy después de la información que recibimos”, manifestó Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidente de Acolgen.
Al respecto, los directivos expresaron satisfacción frente al informe presentado por la entidad y las alternativas propuestas para continuar con la obra. Asistieron la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen); la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis); la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) y de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Acodal).
José Camilo Manzur Jattin, director Ejecutivo de Asocodis, coincidió en que es importante apoyar a EPM para cumplir con las metas previstas. "Considerando la importancia del Proyecto para Colombia, hacemos un llamado a todo el País para que apoyemos a EPM y que siga realizando los esfuerzos necesarios para que el proyecto no tenga retraso", añadió.
EPM destacó que avanza en tres caminos para mantener la obra: la prórroga de los contratos con los actuales constructores, diseñadores/asesores e interventor; una selección pública de ofertas o el denominado Plan “Mireya”, para continuar las obras si se da inhabilidad con el fallo de la Contraloría.
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