"Tomamos la decisión de aplazar la subasta por responsabilidad y por certeza jurídica"

La superintendente de Servicio Públicos, Natasaha Avendaño, explicó que la decisión de aplazar la subasta de Electricaribe se tomó para darle mayor certeza jurídica a las empresas interesadas. Según la funcionaria, hasta tanto no se apruebe la Ley de Financiamiento no se tendrán claras las reglas de juego para adelantar el proceso.

Incluso, Avendaño reveló que las mismas empresas interesadas le manifestaron al Gobierno Nacional su preocupación sobre las normas tributarias, ante la inexequiblidad que declaró la Corte Constitucional sobre los artículos de la Ley de Financiamiento. "Nos manifestaron su preocupación, mucho más cuando se presentó el proyecto de ley en el Congreso, sin saber cuáles iban a ser las normas a futuro. Dentro de esas conversaciones, hubo solicitud en pensar en aplazar", dijo Avendaño.

Ante esas solicitudes, la Superintendente aseguró que se tomó la decisión por "responsabilidad y certeza jurídica y tributaria, para no ir a causarle un detrimento al proceso en términos financieros o fiscales".

Pese a los cambios, la ideal del Gobierno es que no se altere el objetivo de entregar en los primeros cuatro meses del año la operación de Electricaribe. "Seguiremos avanzando en las tareas necesarias y una vez tengamos la subasta esperaríamos que por el mismo tiempo, los cuatro primeros meses del año (2020), podamos hacer entrega", agregó.

La funcionaria explicó que, tras la declaración de inexequibilidad, el Gobierno Nacional concluyó que varias de las normas iban a tener un impacto en la valoración de la compañía, como una reducción en el impuesto de renta y la tarifa especial para las mega inversiones. "Esto nos pone en un escenario que nos deja en una diferencia de valoración de medio billón de pesos que generaría una diferencia en el valor que los inversionistas tendrían que castigar la oferta vinculante que nos hagan", explicó.

Bajo el nuevo cronograma, la presentación de sobres de oferta se realizará el 20 de febrero de 2020, la subasta por el mercado completo el 26 de febrero y por los mercados segmentados el 28 de febrero.

Según Avendaño, si no se llega a aprobar la Ley de Financiamiento, se harán las ofertas con la valoración de la empresa teniendo en cuenta las normas tributarias que estén vigentes en ese momento. "Los seis precalificados han tenido una interacción permanente, han mantenido su interés, algunos con mayores consultas que otros, pero podemos decir que hemos mantenido y hemos visto el interés de los participantes", agregó la funcionaria.

Aveñando aclaró que un aumento por el cargo de distribución por las tarifas no va haber este año y no habrá hasta que se conozca el nuevo operador que garantice nuevas inversiones.