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ECONOMÍA

San Andrés, siete días de duelo tras fallo de La Haya

domingo, 25 de noviembre de 2012
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El Colombiano

Lucinda Guerra contó esta historia acompañando cada palabra con la dosis de llanto suficiente para contagiarse de tristeza. Cada frase le dolía, al punto que debía guardar silencio y apartarse del teléfono, llorar y a los segundos volver a retomar la conversación. Estaba inconsolable.

Lucinda es antioqueña, le gusta que le digan "Lucy" y lleva 20 años viviendo en la isla de Santa Catalina. Su esposo es pescador, como todos los hombres de la isla.

Pero, entonces, ¿qué pasó el 19 de noviembre tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia, CIJ?, ¿por qué lloras, Lucy?, ¿Cómo está tu familia?

Esas fueron las preguntas disparadoras de dolor: "Ese día pasamos de la alegría plena, a la tristeza completa. Después, el ambiente ha estado muy tenso y todos muy tristes. Nuestra preocupación más urgente es pescar antes de que empiece la explotación petrolera". Guardó silencio.

En San Andrés, Augusto Gallón, habitante de la isla, dijo lo mismo, sin llorar, pero con rabia. "Lo que pasó ese día fue simple. La Corte comenzó suave. Estábamos felices con la reivindicación de los cayos, ese fue el plato de entrada, nos llenamos de jubilo, pero resulta que el plato fuerte nos lo dieron al final y le echaron demasiado picante".

Gallón describió que mientras ellos pasaron la peor semana en su historia, el pueblo colombiano todavía no entiende la "magnitud de lo que significa esta situación, la gravedad, el dolor ha sido solo nuestro".

Patuco, como lo conocen en San Andrés, no es optimista con el futuro de su familia ni de su pueblo. "La fe la tenemos puesta en que el Gobierno medite antes de tomar cualquier decisión. Sería importante que nos escuche".

Sandra, hija de Augusto, es igual de pesimista a su padre, pero en ella además de rabia, hay más dolor. "Desde pequeña he entendido que San Andrés ha estado aparte de las decisiones de Colombia, es una risa total la presencia del gobierno colombiano en nuestra isla".

Lucy recuperó el aliento. "Lloro porque ahora ¿con qué dinero voy a mandar a estudiar a mi hijo al Continente? Los cayos eran nuestro sustento. Mi esposo hacía faenas de 10 o 15 días en los cayos que quedaron enclavados en Nicaragua y con eso vivíamos. Por eso es que las familias están afectadas porque allá es donde están los bancos más grandes de peces".

Esta semana, contó Lucy, pasó lo inevitable. Un barco de "los de nosotros" trató de ir hasta los cayos en una jornada de pesca, pero la guardia costera nicaragüense lo devolvió. Ya todos los pescadores, "tienen miedo".

En San Andrés, el pastor Raymond Howard, calificó de duelo estos días. "En el ambiente se respira frustración. Perdimos más de la mitad de nuestro territorio que tiene un significado no solamente económico sino espiritual", dijo el líder.

El pueblo raizal, que suman cerca de 30.000 personas alzaron su voz esta semana, porque aunque el fallo no los sorprende, ya que "sabíamos que íbamos a perder nuestro territorio", si esperan que tras esta tristeza el Gobierno Nacional los tome en cuenta.

"El fallo desató un patriotismo sorprendente, pero normalmente sucede. La otra semana, sale una nota más trascendental y otra vez, desaparecemos", declaró el Pastor.

Entretanto, Lucy, se despidió contando que su esposo "está muy bravo, triste. Anoche cuando vio el informe en el noticiero se puso a llorar. Él lo único que sabe hacer es ser pescador, ¿ya me entiende?".

Y entonces, Lucy, en un acto de buena fe, como para no perder la esperanza, hizo una petición: "Quiero le diga a los señores de La Haya que si ellos creen que los peces están en un pedazo de tierra".

San Andrés pierde mar: Gobierno evalúa todas las posibilidades y ayudas para la isla

El Gobierno no se va a rendir, ese fue el mensaje que expresaron el presidente Juan Manuel Santos, la canciller María Ángela Holguín  y el ministro del Interior, Fernando Carrillo, esta semana tras conocerse la decisión de la Corte Internacional de la Haya que cedió parte del mar territorial a Nicaragua.

El mandatario rechazó fuertemente el fallo y señaló que La Haya incurrió en equivocaciones, por lo que no descartarán ningún mecanismo para intentar recuperar la extensión marítima perdida.

”Como Jefe de Estado lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, y en especial de los habitantes del Archipiélago. Para lograrlo, necesitamos la concurrencia de todos los poderes públicos como lo prevé la Constitución”, resaltó Santos.

Entre las posibilidades jurídicas que tienen el Gobierno está acatar el fallo, obedecer la decisión dejando claro que se acepta mientras no contradiga o trasgreda otros tratados o no acatarlo, esto sobre la base que contraría la norma superior interna, es decir la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad.

Además de estas opciones, esta semana la canciller María Angela Holguín dijo que entre la estrategia que evalúa Colombia está retirarse del Pacto de Bogotá, por el cual se reconoce la jurisdicción de La Haya en el país.

Así mismos, manifestó que le envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, donde le expresó el descontento del país por el fallo, la incertidumbre que este ha creado en los habitantes del archipiélago y la preocupación por la seguridad en el mar Caribe, además de pedirle una revisión profunda de la decisión.

De otra parte, el presidente Santos le ordenó a la ministra Holguín que realice contactos directos con el gobierno de Nicaragua “para manejar esta encrucijada con prudencia y respeto”.

Durante la semana, los habitantes de San Andrés marcharon masivamente en contra de la decisión, que afecta especialmente a los pescadores, pues la zona que ahora es de Nicaragua es una de las mas ricas en productos de mar.

Riesgos que Colombia tendría si se retira de Pacto de Bogotá

Colombia podría proteger su territorio ante eventuales litigios internacionales a cambio de perder el prestigio que tiene como un país defensor del Derecho Internacional. Esas serían las implicaciones de retirarse del pacto de Bogotá o ‘tratado de soluciones pacíficas para los conflictos entre las naciones’ estructura fundamental de la Organización de Estados Americanos, OEA.

La propuesta la hicieron un par de congresistas y la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, la acogió al punto que señaló que si no “nos retiramos de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, (que tiene la jurisdicción en el tratado de Bogotá) Nicaragua va por una plataforma continental extendida. Tenemos que cerrar esa posibilidad”, advirtió.

La senadora Alexandra Moreno dijo que al retirarse del pacto, el Estado colombiano se evitaría otra demanda que Nicaragua hace casi una década prometió: “Dijo que demandaría por la frontera marítima y luego, después de ganar, acusaría a Colombia de usufructuar su ecosistema marino, por lo que iría tras una indemnización”.

También se libraría de futuros litigios que están congelados, pero que pueden recobrar vida como la lucha con Venezuela por el Golfo de Venezuela o de Coquivacoa y con Costa Rica por la frontera marítima.

El senador Édgar Espíndola agregó que las fronteras con Jamaica y Panamá también están en riesgo. “Sería simplemente protegerse a futuro porque creemos que la CIJ no es garante de los derechos de nuestros nacionales”.

Los constitucionalistas Juan Manuel Charry y José Gregorio Hernández coinciden en que esa decisión debió tomarse hace muchos años, cuando Nicaragua empezó a mostrar sus deseos por el territorio marítimo colombiano.

“En este momento no tiene ningún sentido que nos retiremos del pacto y tampoco va a producir algún efecto, ni puede aplicarse retroactivamente porque ya el fallo de la CIJ se dictó y se comunicó”, precisó Hernández.

Charry reiteró que “con salirse no pasada nada”. Incluso, reclamó que esa medida no se haya tomado hace más de diez años. “Dejar el pacto ahora es tratar de limpiar la leche cuando ya se derramó”. Aclaró que ante futuras demandas, el país sí estaría blindado.

El analista internacional, Enrique Serrano, agregó que la “experiencia amarga” que acaba de enfrentar el país serviría para impulsar la decisión, pero considera que a futuro “no hay ningún otro litigio de la importancia del que se libró por San Andrés”, por lo que recomendó “quedarse ‘quietecitos’ frente a esa determinación” y pretender nuevos litigios.

Menos por más

Si el Estado colombiano decide apartarse del pacto de Bogotá el mundo lo miraría distinto; dejaría de ser la referencia en América Latina del país que tiene la sana costumbre de respetar el Derecho Internacional. Le reprocharían, como ya hizo el jurista español Antonio Remiro Brotons, que Colombia solo acate los fallos que le resultan favorables.

El español, quien hizo parte del litigio nicaragüense, sostuvo que la sentencia fue “sabia y equilibrada” y que de no acatar ese fallo, la imagen de Colombia “caería al piso”.

El politólogo Serrano dijo que en la historia de este país jamás se ha actuado de esa manera y por el contrario, Colombia es “legitimista y defensor del derecho”.

Reconoció que cambiar dicha actitud, sin duda, generará un reproche por parte de la comunidad internacional. “Es una decisión política que el Gobierno parece estar dispuesto a asumir, en virtud del revés que sufrió”.

El senador Espíndola añadió que no habría consecuencias negativas porque salirse del pacto no significa que en el país no se propenda por la resolución de conflictos internacionales de manera pacífica. “Colombia es un país pacífico y lo seguirá siendo”, aseguró.

Mientras que la senadora Moreno sentenció que la decisión se tomaría aduciendo la falta en derecho de la Corte Internacional de Justicia. “El fallo está generando caos en América. El mapa de otros países fue modificado sin contar con ellos y se les negó el derecho de ser parte en el proceso judicial”, explica.

Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, la consecuencia más grave de apartarse del pacto es quedarse sin la posibilidad de acudir a una instancia internacional y se renunciaría a una cláusula de compromiso. “Se perdería el prestigio internacional, la credibilidad”. Pero el senador Édgar Espíndola aseguró que entonces, los líos se resolverían entre las cancillerías.

José Gregorio Hernández explicó que todas las demandas que no hayan sido interpuestas estarían por fuera de la jurisdicción de la Corte, pero a su juicio, “cuando un país decide firmar ese tipo de tratados, toca someterse a sus decisiones, así sean tan nefastas como la que la corte anunció el pasado lunes”.

En caso de que Colombia, como lo sostuvo el presidente Juan Manuel Santos desde que conoció el fallo de La Haya, no acate, estaría sentando precedentes negativos frente al futuro de su relaciones exteriores.

“Imagínese que en una nueva oportunidad haya un fallo internacional en el que Colombia gana completamente y el otro país decide no acatarlo ¿Con qué cara este Estado sale a defenderse? En cuestiones de Derecho Internacional tenemos que aprender a ser muy serios”, sentenció Hernández.

Enrique Serrano dijo finalmente que en este caso el país no perdería nada. Tendría que asumir algunas reconvenciones y protestas formales, pero agregó que hoy los pactos tienen un carácter de relativa voluntariedad. “Esto supondría un cambio de visión en la geopolítica fronteriza del país”.

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