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En Colombia, los ojos están puestos en la ley de financiamiento
La agencia calificadora Moody's sumó a Ecuador entre los países de América Latina entre los que está advirtiendo que el panorama fiscal se está convirtiendo en un riesgo para los gobiernos. En el caso ecuatoriano, la agencia cambió la perspectiva de calificación a negativa desde estable y mantuvo las notas de B3.
"La decisión de cambiar la perspectiva a negativa refleja el riesgo de que la posición de liquidez del gobierno de Ecuador pueda permanecer restringida antes de los reembolsos de la deuda en los próximos años, dadas las difíciles condiciones del mercado que enfrenta. Desde el punto de vista de Moody's, el acceso al mercado de Ecuador continuará siendo desafiado debido a una combinación de factores internos y externos que han contribuido al sentimiento negativo de los inversores", explicó Moody's.
La agencia advirtió que los costos de endeudamiento que Ecuador encontrará el gobierno ecuatoriano en el mercado serán muy altos, por lo que pese a que tiene un mayor acceso al financiamiento multilateral, que le ayudaría a aliviar las presiones de financiamiento, los desequilibros continuarán hasta tanto no haya "políticas más contundentes" para abordar el problema.
"El enfoque gradualista de las autoridades hacia el ajuste macroeconómico probablemente resultará insuficiente para mejorar la confianza de los inversores y facilitar el acceso al mercado a costos más sostenibles. Las autoridades han seguido una estrategia de ajuste fiscal que reducirá el déficit del gobierno a 4,0% del PIB este año desde 5,9% en 2017, pero los esfuerzos de consolidación se han centrado principalmente en las reducciones de la inversión pública", añadió la calificadora.
Moody's aseguró que no se ha reducido el verdadero problema, como los salarios y las transferencias del Estado, que representan casi 50% del gasto gubernalmental y que han estado sujetos a reducción mínimas. "De cara al futuro, las perspectivas de un crecimiento débil y condiciones externas menos favorables afectarán los ingresos del gobierno, lo que complicará los esfuerzos de reducción del déficit en ausencia de ajustes adicionales en los gastos", añadió la firma.
El llamado de atención se suma al que le hizo a Costa Rica, en donde sí bajó la calificación y cambió el panorama. En este caso, rebajó las notas de emisor a largo plazo y de bonos senior no garantizados a a B1 de BA2 y cambió su perspectiva de calificación a negativa, concluyendo la revisión para la rebaja que se inició el 18 de octubre.
La agencia de riesgo explicó su decisión en dos argumentos. El primero es que ha habido un "empeoramiento continuo" de la deuda pese a los esfuerzos para lograr una consolidación fiscal y, segundo, tuvo en cuenta los desafíos de financiamiento que está teniendo el país a medida que suben la deuda, los déficits y los costos de intereses que llevan a un rápido aumento de los requisitos de endeudamiento.
"Moody's espera que los esfuerzos de consolidación fiscal en curso de Costa Rica sean insuficientes para reducir rápida y materialmente sus altos déficits fiscales. Como resultado, los indicadores de deuda continuarán aumentando en los próximos años y se mantendrán muy por encima de los países con calificaciones de BA", explicó en su decisión.
Además advirtió que pese a que el gobierno promulgó una ley de consolidación fiscal, aprobada este mes, el déficit presupuestario seguirá siendo alto y la mayor parte de la reducción prevista se basa en limitar el crecimiento de los gastos actuales, lo que será difícil en medio de la oposición popular y en un entorno de desaceleración del crecimiento. El impacto de esta reforma, según sus cuentas, se verá hasta 2022.
"A pesar de los esfuerzos de reforma fiscal que parecen haber aliviado un poco la volatilidad del mercado, Moody's cree que el país seguirá estando altamente expuesto a cambios adversos en la confianza del mercado en los próximos años, especialmente si no logra sus objetivos de reducción del déficit", explicó en su decisión.
En el caso de Colombia, los ojos están puestos sobre el impacto que tendrá la ley de financiamiento luego de que el Gobierno reconociera que no podrá recaudar el dinero que tenía previsto. Hace un mes, Samar Maziad, vicepresidente de la agencia calificadora Moody’s, le manifestó a LR que si bien la ley ayudará a cumplir la meta, si los ingresos se llegaran a quedar cortos se espera que se reduzcan los gastos.
“Sería un desafío reducir el déficit sin ingresos adicionales. La expansión del IVA para incluir productos alimenticios probablemente llevará a algunas presiones inflacionarias en los próximos 12 meses. También hay otros factores que afectan el pronóstico de la inflación como la tasa de crecimiento económico y el movimiento del tipo de cambio”, indicó.
Esta semana, el viceministro de Hacienda, Andrés Pardo, dijo que para llegar a los $14 billones que no están financiados en el presupuesto, se tendrán que hacer recortes o aplazamientos en enero.
La calificación de Moody's para Colombia se encuentra en Baa2 con perspectiva negativa. En febrero de este año, cambió esta última argumentando un menor ritmo de consolidación fiscal y un debilitamiento de las métricas públicas del país. Además advirtió, antes de las elecciones presidenciales, sobre "el riesgo de que el próximo Gobierno tenga una mandato débil que le impida adoptar medidas fiscales adicionales para preservar la fortaleza fiscal de Colombia".
“Si bien Moody’s espera que el déficit fiscal se reducirá a 3,3% del PIB este año desde 3,6% en 2017, menor crecimiento y menores ingresos fiscales que el contemplado en el último marco fiscal de mediano plazo de Colombia probablemente resultarán en un menor ritmo de consolidación fiscal”, aseguró la calificadora en ese momento.
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