Reforma a la salud fue aprobada en Cámara

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 122 votos a favor y 9 en contra, el proyecto de ley estatutaria que regula la salud como derecho fundamental.

En último debate se aprobó la reforma de la salud en la plenaria de la Cámara,  se espera que sea conciliada con el Senado para que pase a control de la Corte Constitucional y después a sanción presidencial.

La comisión accidental presentó el informe en el que conciliaba parte del articulado. Ante la inconformidad de la oposición, quienes argumentaron que en el informe presentado por la comisión no estaban plenamente consideradas sus proposiciones, se decidió acordar que se votarían 14 artículos como venían en la comisión y otros 9 como estaban propuestos en la ponencia.

Así, se aprobó, en 15 minutos, casi todo el articulado. De 29 artículos que tenía el proyecto en Cámara de Representantes, se aprobaron 23 en esos dos bloques. Tres de ellos ya habían sido aprobados y los dos restantes fueron rápidamente votados. La oposición se quejó por haber sido obligada a votar en bloque en tanto que tendrían que hacerlo positiva o negativamente en todas las proposiciones de los artículos del bloque. Esto les negó la posibilidad de votar el articulado de manera diferenciada.

El proyecto pasa ahora a conciliación este jueves en plenarias de Cámara y Senado y luego pasará a sanción presidencial. Entre los puntos en los que no coincidieron los textos de las dos cámaras se destaca la forma en la que operará la acción de tutela.

Mientras que el Senado conservó el modelo actual bajo el cual la tutela es la primera instancia a la que puede acudir un ciudadano cuando no se le están vulnerando sus derechos en el acceso a servicios de salud, la Cámara acogió una propuesta diferente. Ésta consiste en que antes de poder acudir a la tutela, el ciudadano deberá interponer una acción de nulidad ante el Consejo de Estado que tendrá hasta 60 días para dar respuesta. Sólo hasta que este organismo de respuesta, el ciudadano podrá acudir a la tutela.

CONTROL DE PRECIOS

El representante Simón Gaviria introdujo una proposición respaldada por 94 representantes, con la que buscaba regular los precios de los medicamentos para que estos se equiparen con el valor que sobre los mismos se maneja a nivel internacional. El representante defendió que en Colombia los precios son muy elevados en relación con los que se manejan en Europa.

Aunque el texto final de Cámara aprobó esta proposición, el Gobierno Nacional no se mostró satisfecho con la misma puesto que, además de no haber sido debatida en Senado, en el país ya existe una política al respecto que se basa en el principio de la libre competencia.

“Hay circunstancias que ameritan regulación, hay circunstancias donde no hay competencia, donde no hay sustitutos entre los medicamentos. No se debe regular todo, no se puede ser invasivo con un mercado que funciona bien donde hay competencia”, declaró el ministro Cárdenas.

A su turno, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, defendió que el Gobierno tiene una política de regulación de precios de medicamentos y, aunque comparte el espíritu de la iniciativa, defendió que hay que tener sensatez para saber hasta dónde se puede llegar una ley estatutaria regulando sobre asuntos tan específicos. Además anunció que, si bien el trámite de esta iniciativa está próximo a terminar, aún falta mucho camino por recorrer la ley ordinaria de salud que deberá definir todos los asuntos específicos bajo los cuales funcionará la salud en Colombia.

El proyecto estatutario en salud no mantiene un límite de presupuesto para la prestación de los servicios. Como consecuencia de esto, la aprobación de la norma podría impactar el déficit fiscal proyectado para los próximos años.

La semana pasada, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó el marco fiscal de plazo mediano. Éste plantea que el déficit fiscal del 1% del PIB por este año; 1% para 2014; 0,8% para 2015 y un superávit de 0,1% en 2016. Sin embargo, la aplicabilidad de la ley estatutaria de salud exigirá un mayor gasto público para cumplir con el goce efectivo del derecho fundamental.

En 2010, se destinaron casi 6,6% del PIB a la salud. Entre estas cifras se incluyen: parte del presupuesto general de la Nación, el aporte de las Entidades Territoriales, el Fosyga, los regímenes especiales, entre otros. Todo este presupuesto y más se podría requerir para garantizar el proyecto de ley.