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La solicitud la hizo el mismo mandatario Edwin Besaile, quien desde un principio señaló ante la Procuraduría General de la Nación que se declaraba impedido para conocer sobre dichos convenios toda vez que está casado con Rosana Zuleta Bechara, hija de una de las dueñas de la institución de educación superior.
Besaile sostuvo que todos los temas relacionados con esos convenios serán del resorte del funcionario designado por la Presidencia de la República y de los órganos de control que están adelantando las investigacioes correspondientes luego que la Contraloría General de la República señalara, luego de una auditoría, que en Córdoba se habrían dilapidado $29.153 millones de pesos de recursos de regalías destinados a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, a través de convenios especiales de cooperación, en los cuales los cooperantes terminaron subcontratando las actividades.
Los convenios suscritos con la Universidad del Sinú fueron Desarrollo e investigación aplicada a un modelo experimental sostenible e innovador en la cadena productiva de artesanían derivadas de la caña flecha en el departamento de Córdoba, un estudio de factibilidad del Parque Tecnológico del Sinú y San Jorge, diseño de un programa de estudios en infecciones y salud tropical en Córodba e investigación y desarrollo aplicado de un modelo experimental para el manejo productivo y sostenible de los sistemas agroforestales en Córdoba.
Suspenden convenios
El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, anunció la serie de medidas que tomó en aras de evitar que se siguieran pagando los contratos de regalías, teniendo en cuenta que los contratistas no presentaron argumentos que justificaran los incumplimientos de las obligaciones.
Anunció que en el convenio 733-2013 suscrito con la Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Conif, y con la Corporación de Tecnologías Ambientales Sostenibles, Ctas, para la cría de carneros, por valor de $16.018 millones, se declaró el incumplimiento del convenio en mención, se ordenó hacer efectiva la cláusula penal y se ordenó a la aseguradora pagar al Departamento la suma de $601 millones pesos . Además se ordenó a la interventoría la liquidación del convenio, con lo cual se evitó el pago de $4.518 millones.
Hay que indicar que los representantes legal de Conif, Luis Enrique Vega, y de Ctas, Juan Agustín Gualdron Rueda, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural en el marco de la investigación que se adelanta por presuntos manejos irregulares. De este contrato ya se habían girado $11.292 millones.
De igual forma se refirió al convenio 734 suscrito con la Fundación Áreas Naturales Protegidas y Conif para la investigación sobre el corredor agroecológico del Caribe, indicando que también se declaró el incumplimiento del convenio y se ordenó a la aseguradora pagar $9.512 millones. "Con esa decisión se evitó pagar $17.969 millones de pesos", indicó el mandatario seccional. De este contrato por valor de $47.561 millones de pesos se habían pagado $29.021 millones.
Otro de los suspendidos fue el contrato 735-2013 suscrito con la Fundación George DAHL para que la investigación de recursos hidrobiológicos del Caribe colombiano y también se ordenó a la aseguradora pagar la suma de $2.823 millones.
La Fiscalía en su investigación señala que este contrato se hizo por valor de $14.millones y de esa suma alcanzaron a girar $11.056 millones al representante legal de la mencionada firma Álvaro Zea Carreño.
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