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Gustavo Petro Urrego es el segundo alcalde mayor de Bogotá destituido e inhabilitado por el procurador General de la República, Alejandro Ordóñez. El primero había sido su antecesor, Samuel Moreno Rojas, del Polo Democrático, en 2011.
La decisión contra el líder del movimiento Colombia Progresista es de primera instancia. Es decir, sus abogados pueden interponer el recurso de reposición. Pero una revocatoria es casi que imposible para los especialistas consultados por LR porque sería el mismo Ordóñez quien la estudie y resuelva.
“La discusión jurídica está prácticamente agotada”, sostiene Iván Garzón, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana. “Quiere decir que quedará en firme, porque la resuelve el mismo funcionario que la tomó”, asegura el abogado Abelardo De la Espriella.
La sanción a Moreno fueron 12 meses por irregularidades que derivaron en el retraso de la construcción de las troncales de la Calle 26 y la Carrera 10, obras incluidas en la contratación de la Fase 3 de Transmilenio.
A Petro le fueron impuestos 15 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos, además de la destitución, por anomalías en el Decreto 564 de 2012. Según la Procuraduría, a través de este “se vulneraron los principios constitucionales de libre empresa y competencia” al momento de escoger a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para que a partir del 18 de diciembre de 2012 prestara el servicio de aseo en toda la ciudad.
Lo que viene y garantías
Manuel Quinche, constitucionalista de la Universidad del Rosario, advierte no obstante que el Consejo de Estado ya ha dado luces sobre las determinaciones que se tomarán, en caso de que el ministerio público confirme el primer fallo. El concepto del alto tribuna sobre Moreno Rojas, se basó en el artículo 323 de la Constitución Política: si hay falta absoluta a más de 18 meses de que culmine el periodo, se elegirá Alcalde Mayor para el tiempo que reste. En caso de que faltaren menos, el presidente de la República Juan Manuel Santos designará el reemplazo, respetando el partido, grupo político o coalición por el cual fue inscrito el elegido.
“Faltan 25 meses para que finalice la administración de Petro. Significa entonces que el otro año habrán elecciones atípicas, porque de seguro el Procurador evacua antes de los seis meses el recurso”, afirma Quinche.
Las opiniones
Gustavo Petro Urrego
Alcalde mayor de Bogotá
“Me condenan porque rompí dogmas neoliberales y les quité a los operadores privados del aseo $500.000 millones que en 10 años ellos les quitaron a los usuarios”.
Manuel Quinche
Constitucionalista
“La Ley de Garantías aplica para que haya equilibrio en la competencia electoral. En este caso no se trata de eso, sino del ejercicio de la función y suplir un vacío administrativo”.
Iván Garzón
Director del programa de Ciencias Políticas
“Más que las consecuencias electorales, están las políticas: se demuestra que el segundo cargo más importante del país no es la Alcaldía de Bogotá, sino la Procuraduría General”.
Abelardo De la Espriella
Abogado Penalista
“Tan pronto quede en firme la destitución, y mientras convocan a elecciones, tienen que encargar a una persona de la Alcaldía. Cualquier persona habilitada se puede postular”.
El mandatario se ha mostrado interesado porque se resuelva la crisis política que prevalece en ese país, por ello aboga para lograr acuerdos
Las importaciones de Manufacturas participaron con 75,3% del valor CIF total de las importaciones, seguido por Agropecuarios, alimentos y bebidas con 15,2%,
Este lunes fue aprobada la ponencia del Gobierno de la iniciativa, tras un ajuste en el proyecto y el respaldo del Partido Liberal
