El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa reveló que el paro judicial que duró en todo el territorio colombiano 60 días calendario “tuvo un costo aproximado de $65.121.960.000".
“En primer lugar, desde el punto de vista económico las pérdidas las calculamos en $65.000 millones, que corresponden al costo de los salarios y costos administrativos que se pagaron proporcionalmente” indicó Correa.
En ese sentido, aseguró que se dejaron de realizar 168.000 audiencias judiciales. Por ello, explicó que “el paro tuvo tres periodos: empezó el 11 de octubre y hasta el 11 de noviembre fue prácticamente nacional. Sólo las altas Cortes y pocos lugares no entraron en paro. Luego, desde el 14 de noviembre, cuando el 6 de ese mes se suscribió el acuerdo con una fracción de Asonal. A partir de ahí y hasta el 29 de noviembre, quedó en paro solo la mitad, el 51% entró a trabajar, y ya al final se volvió un poco caótico, desde el 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre se dio la orden de que ellos entraran a trabajar pero un 14% siguió en paro esos últimos 10 días, en total fueron 60 días calendario y 42 días hábiles”.
Agrega el balance de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que el paro arrojó “un efecto negativo en la atención de la demanda judicial de168.000 asuntos judiciales”.
De esos asuntos, el 16% corresponde a audiencias de control de garantías, que en total se pospusieron 27.225 audiencias, y el 84% restante corresponde a los procesos en primera, única y segunda instancia, incluyendo las acciones constitucionales que no se resolvieron durante el paro y que en total suman 141.367 decisiones.
Para el magistrado, “desde el punto de vista de las audiencias dejadas de realizar o las sentencias dejadas de proferir, en total el número asciende a 168 mil actuaciones durante ese periodo, el 16% correspondió a audiencias de control de garantías en materia penal, y 141 mil correspondió a otros procesos como tutelas, o administrativos, civiles y laborales”.
Por último, indica que “el personal que estuvo en paro firmó unas actas de compromiso en la que cada despacho judicial decía cuantas horas estuvo en paro (promedio 140 horas) y en segundo lugar como las iba a pagar y sobre esa base se les pagó noviembre y diciembre”.
