Para los ganaderos, la Ley de Tierras es la cuota inicial de la expropiación

¿Cuáles son sus principales reparos a la Ley de Tierras?
Mi preocupación no es solo el proyecto de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural. Entre otras cosas, porque obedece a la obligación constitucional que tiene el Estado de cumplir el acuerdo. Lo que está allí no es otra cosa diferente a lo que el Gobierno pactó de espaldas al país sobre desarrollo rural y tierras. 

Aún más, es al que el país le votó No y, sin embargo, el Gobierno optó por seguir adelante en un asunto que ahora, cuando se traduce en proyectos de ley empiezan a preocupar ya no solo a los actores del sector rural, sino a todos los actores.

¿Este proyecto de ley debe preocupar nada más a quienes tienen intereses en el campo o a otros sectores económicos?
A todos, porque el día en que la propiedad privada, que ha sido el fundamento de la generación de riqueza en Occidente, se ponga en riesgo, pues se prendió la mecha y de ahí pasará a otros sectores. En la medida en que el país caiga en manos de aquellos que no consideran que la economía de mercado, la libre empresa, es decir, aquellos postulados de la democracia liberal, son las que deben de imperar en el país, como en efecto son con quien pactó el Gobierno. 

Las Farc han dicho de manera reiterada que ellos creen en el comunismo, que ellos son parte de lo que ha sido el socialismo bolivariano, ellos no se desmovilizaron simple y llanamente para manejar taxis, sino para llegar al poder a través de las urnas. El día en que estén ahí, por supuesto, que se extenderá a otros sectores de la economía. 

¿La Ley de Tierras es sinónimo de expropiación?
Es sinónimo de expropiación, pero no solo de eso, es sinónimo de algo más grave que es extinción de dominio, que es la máxima sanción que un Estado le pone a un particular o cualquier titular de un bien privado. Por consiguiente, aquí estamos al borde de un abismo que cuando el país se precipite por él, va a ser muy difícil recoger sus pasos.

En ese caso, ¿qué es lo que más le preocupa de la Agencia Nacional de Tierras?
A mí me parece que las facultades jurisdiccionales que le dieron, primero, no son constitucionales y, segundo, lo que van a hacer es llevar a un escenario de corrupción, porque cuando un funcionario de segunda o tercera categoría, como lo dijo el señor Miguel Samper, haga verificación predio a predio o barrido predial, y con esto genere intranquilidad en la propiedad privada, tenga usted por seguro que las venas de la corrupción aflorarán y no será poco lo que eventualmente, con razón o sin ella, se termine por tratar de pagarle a los funcionarios y eso va a ser un desastre. 

Usted ahí le hace rápidamente el ADN a un problema nacional que es la tenencia de tierras, ¿usted que haría?
Aquí existió la jurisdicción agraria para resolver los problemas de tierra. Si Colombia cree que el problema sigue siendo la tenencia de la tierra, tendrá que organizar una jurisdicción agraria que dé plena garantía y, especialmente, a lo que la Constitución establece en materia de propiedad privada, no pegarse de unos funcionarios para que actúen con las dinámicas del gobierno de turno. 

¿Pero usted cree que en el fondo Colombia tiene un problema de tenencia de tierras?
Yo creo que sí, pero no como lo están planteando, por varias razones. Los terratenientes de hace 50 o 100 años hoy en día no existen, porque la gente tiene la división por herencia, las ventas que se hicieron durante la época de la inseguridad y también la acción del Incora que, mal que bien, por más de 50 años logró comprar y distribuir tierras. 

Ha existido una concentración indebida de tierras por parte de los actores armados, que con el dinero del narcotráfico, terminaron comprando tierras con el interés estratégico de tener control de los corredores de sus negocios ilícitos y no para ponerlas a producir. Para un mafioso, llámese hoy en día Bacrim o paramilitar o guerrillero, no importa lo que pueda producir la tierra. ¿Alguno de ellos ha sido  empresario del sector agrícola o ganadero importante? Ninguno.

¿Usted pondría entre los primeros problemas del país el de la tenencia de la tierra?
Hay un problema de desigualdad, pero yo no creo que todo se solucione dando tierras, y además, cuando usted mira la formación de riqueza en Colombia, el sector agropecuario ha tenido 7%, cuando en los años 30 era de 57%. Ahí sí había concentración de la tierra, ahí sí la tierra estaba conferida al poder. Hoy no, hoy es un sector cuya frontera agropecuaria es mayor a duras penas a 6,8% de la riqueza nacional. El sector financiero sí concentra 23%, por eso sí es claro que hay una concentración en grandes conglomerados empresariales que prácticamente están controlando todas las actividades productivas. A mí sí me parece que hay un problema de desigualdad, como hay un problema de corrupción. 

¿Usted cree que la Ley de Tierras, fuera de ser un capítulo de negociación en La Habana, es un problema sobredimensionado?
No, me parece que quien no le prestó atención es el sector privado colombiano porque aquí hay un problema de desarrollo y un modelo de economía donde se privilegia el libre mercado, la propiedad privada y la libertad de empresa, etc. En consecuencia, cuando desafías a un sector económico me parece que estás poniendo en riesgo no solamente ese sector, sino el modelo económico que impera en Colombia.

Yo he debatido recientemente con el señor Samper y dice que están recogiendo observaciones. Excúsenme, aquí hay una institucionalidad que se creó precisamente para definir qué cosas concuerdan o no con el acuerdo que es la Comisión de Seguimiento y Verificación donde hay tres de las Farc y hay tres del Gobierno, entre esos, uno que lo pongo en duda que es Sergio Jaramillo. Por consiguiente, están las observaciones de uno y otro no es el Gobierno el que las dirime. 

¿Teme que con el proyecto de ley se haga conejo?
Yo no le llamaría conejo, es que el Gobierno tendría que cumplir el acuerdo. En consecuencia, lo que se ha hecho es, simplemente, volver a engañar al país rural diciendo que recoja observaciones cuando el Gobierno no es dueño de la decisión final. Por supuesto ha sido la oportunidad para que el país se mire al espejo en lo que negoció el Gobierno en materia de tierras y se dé cuenta de que no era un chiste. Que cuando el Gobierno dice que va a entregarles tres millones de hectáreas tendrá que entregárselas .

¿En sus colegas de gremios se dan los mismos calificativos?
No cabe duda, porque yo lo presenté hace rato en el Consejo Gremial. Tenía al lado al presidente de la SAC y, al otro lado al señor Mira de Asocaña, ambos muy vinculados al gobierno Santos. Le digo a Santiago Castro: 70% de la propiedad privada está hipotecada al sector financiero. Para los créditos esas hipotecas hoy en día ya empiezan a valer menos.

¿Cree que la única solución es levantar el acuerdo total? 
Eso lo tendrá que hacer el próximo gobierno porque este no tiene tiempo, ni gobernabilidad, pero si tengo la certeza que cualquier gobernante medianamente sensato tendrá que recoger buena parte de los tropeles. 

¿Usted representa a todos los ganaderos? 
Esa es la crítica que me han hecho y mi controversia con el Gobierno ha sido siempre la defensa del interés de Fedegán. Con Juan Camilo Restrepo la discrepancia fue con los TLC, luego la Ley 1448 y después con el Acuerdo de La Habana. El país trabaja para el sector financiero y nadie ha dicho que es un extractor de rentas, ni que genera vulnerabilidad en muchos sectores que no tienen acceso a crédito. Entonces, ¿por qué no dicen: “liberen la tasa de usura”? Por ahora es así, porque las Farc necesitan control territorial para llegar al poder.  

Pero es una hipótesis, solo el tiempo dirá si es así o no...
Hay que aceptar que las Farc dejaron las armas para hacer política, para lograr el poder. Si lo hacen, será en torno a las ideas que han defendido por 50 años. A las Farc hay que creerles, siempre han tenido consistencia ideológica y no le han dicho mentiras al país. El modelo que proponen no es de libre empresa, ni libre mercado, es lo contrario. ¿Llegarán? Yo creo que sí.