Nadie se atreve contra Fedegán y Lafaurie

Solo si se va al fondo de la colaboración de las organizaciones gremiales del campo con los paramilitares, es posible conjurar que se repita la escalada de muerte que sacudió al país entre 1995 y 2005.

Las denuncias pululan. Fedegán y Lafaurie manejan el mayor fondo de recolección de parafiscales y afrontan severos cuestionamientos en esta labor; son mencionados en diversas investigaciones judiciales como aliados de los paramilitares; el Fondo Ganadero de Córdoba, al decir del presidente Santos, se apropio de 46.000 hectáreas despojadas a los campesinos en Urabá; son acusados de adelantar una férrea campaña contra la restitución de tierras y el proyecto de desarrollo agrario que promueve la actual administración. Pero ni el gobierno nacional ni las autoridades judiciales se atreven a investigar y a tomar medidas en contra de esta agremiación y de sus directivos.

Los dirigentes de Confegán, una organización de ganaderos disidente de Fedegán, se han lanzado a desnudar a José Felix Lafaurie y a la junta que conduce al gremio con denuncias muy documentadas. Dicen que los 600.000 millones de pesos recolectados en el cobro por cada res sacrificada o por cada litro de leche vendido han sido dilapidados por una rosca que primero acompañó a Jorge Visbal y ahora acompaña a Lafaurie.

Muestran un informe de la Contraloría General de la Nación del pasado mes de abril donde se puede ver que el Fondo, además de jugar como socio mayoritario de la empresa Friogan, acudió en su auxilio con un préstamo de 2.700 millones de pesos cuando se percató de que esta entidad amenazaba ruina por pérdidas superiores a los 12.000 millones de pesos. Es una vena rota por donde se escapan los dineros que, según la ley 89 de 1993, debían servir para modernizar la ganadería, fomentar las exportaciones de carne y de leche y apoyar a los pequeños y medianos ganaderos. ¿Es lícito que se utilicen fondos públicos en este tipo de actividades?

Al parecer no es el único túnel por donde se escapan los recursos que el Estado colombiano ha destinado al fomento de la ganadería. En el juzgado 41 civil de Bogotá se adelantan procesos que dan cuenta de un detrimento patrimonial de cerca de 80.000 millones de pesos del Fondo Ganadero, según los directivos de Confegán. Son acciones judiciales emprendidas por el banco Colpatria.

El manejo de los recursos y la toma de decisiones está centralizado en un pequeño grupo de personas. Así que Lafaurie no solo es presidente del gremio, sino también miembro de la junta directiva de Friogan. Al mando de Fundagán, otra entidad que se beneficia de los dineros gremiales, está María Fernanda Cabal, esposa de Lafaurie. Y el revisor fiscal de Fedegán es el mismo de Friogan, también el auditor del Fondo Ganadero cumple un papel similar en Fundagán.

Dice Hernán Rodríguez, representante legal de la nueva organización de ganaderos, que se había abstenido durante largo tiempo de hacer estas denuncias por miedo a las represalias y porque no confiaba en que tuvieran algún eco en las autoridades y en la sociedad. No es para menos. La detención de Miguel Narváez, asesor de Lafaurie, acusado de ser uno de los principales mentores de los jefes paramilitares, y el señalamiento que le han hecho al propio Lafaurie de colaborar con las Autodefensas no suscitaron ninguna reacción en el país.

Cuánto de esto es verdad. Qué tan profunda es la corrupción en Fedegán. Son interrogantes que el ministro de Agricultura y la Fiscalía deberían responder. Hay muchas cosas en juego. Solo si se va al fondo en las investigaciones sobre la colaboración de los empresarios del campo y de sus organizaciones gremiales con los paramilitares, es posible conjurar la repetición de la escalada de muerte que sacudió a Colombia entre 1995 y 2005. Solo si se logra transformar la ganadería y se acomete la redistribución de la tierra y la modernización del campo, es posible dar un salto económico y perfilar la reconciliación nacional.

No será fácil. El poder de Fedegán es inmenso. Se apoya en los grandes ganaderos que tienen en sus manos el 30 por ciento del territorio nacional, han controlado por años el Ministerio de Agricultura, jugaron un papel clave en las dos elecciones de Uribe y lo juegan ahora en la resistencia a las reformas.

12 mayo 2012