Medida cautelar suspendió provisionalmente cobro por valorización en Pereira

Lo que motivó la decisión del juez, y de hecho ese fue el argumento de la demanda, es que dicho acuerdo fue votado en secreto por los concejales, cuando la Ley 1431 de 2011 prohíbe este tipo de actos porque deben hacerse, no sólo públicos, sino saber cómo votó cada edil.Es decir, de nominal y público.

El demandante fue Daniel Silva, un estudiante de derecho, quien interpuso una acción de nulidad. Silva es también vocero del colectivo Indignados por Valorización que realizó varias protestas y ‘cacerolazos’ a la anterior administración por el cobro.

“El juez encuentra una ilegalidad y decide parar los efectos jurídicos del acuerdo de valorización. Esto quiere decir que se suspende el recaudo y quienes no lo hayan pagado la recomendación es que no lo hagan porque falta la decisión de fondo”, explicó.

Precisamente, la media cautelar suspende provisionalmente la acción de facturación, para evitar un daño, hasta que se dé un pronunciamiento de fondo.
Según dijo Silva, los concejales votaron el acuerdo con balotas. “Blanca era un sí y negra un no. Con esto no se conoció la decisión de cada concejal”, sostuvo.

Entre estos ediles que votaron en secreto se encuentra el actual alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, quien en su campaña se comprometió a que acogería la decisión del juez.
De todas formas, la actual administración puede acudir al recurso de apelación.

Gallo dijo que si bien votó el acuerdo en secreto, "porque fue una decisión de la junta directiva del Concejo en ese momento", lo hizo de manera negativa. Sin embargo, los detractores del acuerdo señalan que no hay manera de comprobar esta versión del actual alcalde, precisamente, por la metodologia utilizada. 

Con el cobro por valorización la administración busca realizar 10 obras para mejorar la movilidad urbana en la ciudad.

El proyecto fue controvertido y rechazado, pero tras la aprobación en el Concejo se iniciaron las obras. En total el recaudo esperado es de unos $85.000 millones, de los cuales ya los contribuyentes han pagado unos $23.000 millones.

“Los que ya pagaron deben esperar el fallo de fondo. Si es anulado el acuerdo, ellos pueden negociar con la Alcaldía la devolución del dinero o una compensación con el impuesto predial”, agregó Silva.

Lo que dice el demandante es que si bien se para la facturación y el recaudo, las obras siguen porque están contratadas.
Si finalmente, el fallo de fondo ‘tumba’ la valorización en Pereira, el alcalde Gallo deberá arreglárselas para conseguir los recursos y pagar las obras.