Además de derogar la reforma tributaria, demandan eliminar normas ya sancionadas y evitar la venta de bienes del estado, como Ecopetrol.

Adriana Carolina Leal Acosta

En un documento publicado por el Comité Nacional del Paro se dieron a conocer las 104 peticiones concretas que los representantes de los manifestantes consideran que deben ser aceptadas para aliviar el malestar social que se ha evidenciado desde el pasado 21 de noviembre en todo el país.

Dicho texto está dividido en 13 puntos, que hablan de garantías para ejercer la protesta, como de la defensa de los derechos sociales, económicos y políticos, así como el cumplimiento de los acuerdos de paz.

No obstante, en ese listado LR encontró 15 puntos que pueden ser considerados como descabellados, en su mayoría, porque cumplirlos resulta difícil o acarrearían consecuencias graves a nivel político y económico, según analistas. Uno de estos es que no se presente una reforma pensional pero, a la vez, se pide garantizar un sistema de protección social a la vejez público y solidario. “El enfoque de protección a la vejez no puedeser hacia sistemas contributivos o semi-contributivos individuales”, dice el texto.

Frente a esto, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, señaló que “Si quiere un sistema público y solidario, hay que hacer una reforma pensional que, por lo menos, elimine los subsidios de las personas de altos ingresos en Colpensiones, y acabe con el robo de las indemnizaciones sustitutivas a las personas de menores ingresos de Colpensiones. Esa es una expropiación que les quita a los pobres para darle a los ricos”.

No obstante, Yann Basset, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario, señala que “lo que el Comité quiere es que no haya una reforma pensional en los términos que ha venido discutiendo el Gobierno, es decir, una reforma que limitaría el alcance del régimen de prima media”. Y agregó que “como las intenciones del Gobierno al respecto tampoco son muy claras, esas peticiones son sobre todo una advertencia preventiva”.

Otra demanda es que el Gobierno no privatice las empresas públicas ni enajene sus bienes. Además, piden que Ecopetrol sea 100% del Estado. Esto podría resultar problemático teniendo en cuenta la limitada capacidad fiscal que tiene el país, frente a los retos de inversión que son urgentes, especialmente en infraestructura.

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, ha sido defensor de esas posibles ventas, quien indicó que “la enajenación del 8,5% de Ecopetrol puede servir para tal fin. Así como la participación del Estado en ISA”.

LOS CONTRASTES

  • Yann BassetProfesor de Cienicas Políticas de Universidad del Rosario

    “Lo que muestra la multi- plicación de peticiones del Comité es que está desbordado por sus bases, que la negociación no avanza y que las partes no se lo toman en serio”.

Otra petición del Comité es que la reposición del parque automotor del país se haga bajo la modalidad del ‘uno a uno’, es decir que para tener un vehículo nuevo se debe sacar otro del mercado primero. Esta política fue levantada en julio pasado porque era considerada restrictiva por Estados Unidos y la Ocde, por lo que retomarla implicaría incumplir esos acuerdos, según Herny Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.

En cuanto a la Ley de crecimiento económico, se pide que se derogue en caso de ser aprobada. Esto, según el Ministerio de Hacienda, abriría un hueco fiscal importante. No obstante, las medidas sociales planteadas por el presidente Iván Duque, como la de los tres días sin IVA favorecería más a los comerciantes que a la población de bajos ingresos, explicó Alvaro Zerda, profesor de economía de la Universidad Nacional.