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La valerosa acción del intendente Rósember Burbano y del conductor Ricardo Rodríguez salvó la vida del exministro Fernando Londoño, en el atentado que sufrió el martes pasado.
Burbano y Rodríguez hacían parte de un equipo de más de 1.800 hombres profesionales cuya tarea es proteger a cerca de 9.200 personas a cargo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que asumió las responsabilidades del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Según Andrés Villamizar, director de la UNP, el Estado destina unos $450.000 millones al año a la protección de personas con alto nivel de riesgo y $46.000 millones, al recurso humano, el cual está integrado por conductores, agentes, oficiales y profesionales. La asignación mensual es de $1.500.000 y esta se hace de acuerdo con un escalafón de grados similar al que tenía el DAS, entidad de la cual recibió 601 hombres. La UNP también cuenta con 1.200 personas del operador privado que presta servicios.
La protección que brinda el Estado se presta a través de programas de la Fiscalía, la Procuraduría y la UNP, entre otras. Esta última, junto con la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, están regulados por el Decreto 4912 de 2011 y en él se establece que pueden ser beneficiarios de esquemas de protección las personas que desempeñan altos cargos en el Estado o que poseen un nivel de riesgo extraordinario o extremo. En el caso de quienes tienen protección en virtud del cargo, el Decreto establece las medidas, que incluyen desde carros, celulares, apoyos de trasteo y hasta tiquetes aéreos.
En razón del riesgo se protegen a dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas, víctimas de violaciones de los derechos humanos, hijos y familiares de expresidentes, entre otros. La valoración integral del riesgo está a cargo del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem). Uno de los retos de la UNP este año es ponerle fin a esquemas innecesarios y a los abusos que estos tienen con los ciudadanos.
La opinión
Andrés Villamizar
Director de la UNP
'Todas las medidas de protección dependen del nivel de riesgo del protegido. Los estudios de riesgo tienen vigencia de un año, al cabo del cual se realiza una reevaluación'.
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