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Uno de los puntos de mayor relevancia en el primer acuerdo sustancial logrado entre el Gobierno y las Farc sobre el tema agrario es la formalización de la tierra.
No es para menos si se tiene en cuenta el alto nivel de informalidad que tiene la propiedad rural del país, cercana al 47%.
Ana María Ibáñez, decana de Economía de la Universidad de los Andes y Phd en economía agrícola, en diálogo con LR, se refirió a los grandes vacíos que ha tenido Colombia en este aspecto que ha impedido el comercio de tierras, inversiones sostenibles en el campo y ha facilitado el despojo de tierras.
¿Cuál es el panorama de la informalidad de tierras en el sector rural nacional?
Infortunadamente los datos en Colombia son bastante deficientes, entonces cualquier cifra que se dé es una aproximación. En encuestas de hogares en áreas rurales que tienen acceso a tierras, se encuentra que, de cada dos personas que tienen acceso a tierra, una persona tiene propiedad informal, esto quiere decir que alrededor del 47% de los pobladores rurales que tienen tierras los tienen bajo títulos de propiedad informal.
¿Cómo ha afectado al sector esta alta informalidad?
Dos efectos puntuales, por un lado cuando no se tiene certeza de la formalidad de la propiedad no se puede hacer un verdadero comercio de tierras y por ende no se dan inversiones sostenibles en el campo. Por otro lado la informalidad en la propiedad ha facilitado históricamente el robo y el despojo de tierras. Éste es un gran reto con la restitución.
¿Influye la falta de caracterización del sector?
Así es, el Censo Nacional Agropecuario no se hace desde la década de los 70 que es hace más de cuarenta años, las buenas prácticas de los censos dicen que deben hacerse cada 10 años y en todos los países hacen censos agropecuarios cada 10 años, Perú por ejemplo acaba de hacer el censo agropecuario. Lo mismo sucede con la desactualización del catastro rural, entonces para un ministro de Agricultura es imposible realmente planificar porque no sabe como esta la producción agropecuaria en el país y como está distribuida la propiedad rural de la tierra.
A propósito, ¿qué opina del acuerdo agrario de La Habana?
Los temas que aborda el acuerdo se centran precisamente en falencias ya mencionadas. Plantea mejorar el acceso a tierras a pequeños productores a través de un fondo de tierras que va a respetar los derechos de propiedad legal , eso es fundamental porque son los campesinos los que han vivido de cerca el conflicto.
Preocupa la carencia de institucionalidad para resolver estos temas de tierras...
Sin duda, al Gobierno le corresponde fortalecer las instituciones encargadas de los temas rurales y de tierras que son muy débiles. Debe inyectarles recursos porque sino todo se quedará en buenas intenciones.
Más que subsidios, se necesitan bienes
Ana María Ibáñez, decana de economía de Uniandes señaló que, parte del rezago que tiene el sector se debe al conflicto que ha impedido que llegue al campo bienes públicos de calidad. “Más que subsidios que en algunos casos si se deberían dar, es necesario darle a los campesinos los bienes públicos que se requieren para producir. Mientras el campo no cuente con infraestructura adecuada de vías, infraestructura productiva especial, asistencia técnica e innovación, es muy difícil un verdadero desarrollo rural”, concluyó Ibáñez.
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