“No quiero ser dramático, pero la verdad es que el sistema de salud en Colombia está quebrado hace rato y cada año aumenta ese hueco”, afirmó Jaime Arias Ramírez, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).
Arias además advirtió sobre los peligros que se ciernen para la sostenibilidad del gasto en salud, por cuenta de la percepción de los servicios ilimitados que ha generado la recién aprobada ley estataturia y por los más de $14 billones que las EPS públicas y privadas les están debiendo a los prestadores de servicios.
Datos oficiales de la Superintendencia de Salud indican que al 30 de junio de 2013 las EPS del régimen contributivo y subsidiado les adeudan a 5.010 clínicas, hospitales y centros asistenciales un total de $14 billones 485.489 millones.
El grueso de la cartera (70%) se concentra en las IPS privadas, a las que no les han pagado $10 billones, mientras que a las IPS públicas les deben $4,4 billones.
De cada 100 pesos de cartera de las IPS privadas, 68 están en mora y esto representa más de $6,8 billones. En el caso de las IPS públicas, la cartera morosa equivale al 82%, que en dinero es cerca de $3,6 billones. Según la Supersalud, el resto de las obligaciones está a 60 días, un período de pago que se considera normal, o sea en trámite de presentación y cobro.
Esta culebra es del magnitud, que representa la mitad del presupuesto público que en un año manejaría Salud Mía, el centralizado fondo que busca crear la reforma ordinaria de la salud que se discute en el Congreso de la República. Y, aunque parece muy claro el monto adeudado, en el fondo tiene varios problemas.
Según Arias Ramírez, mientras las IPS dicen que las EPS les deben más de $10 billones, estas últimas solo tienen contabilizados en sus estados financieros $6 billones. Conciliar las diferencias es complejo, pues ambos actores tienen sus particulares Planes Únicos de Cuentas (PUC), motivo por el cual no se descarta que sea preciso buscar como conciliadores a la Supersalud, el Minsalud, la Procuraduría o a otro tercero.
Las EPS, a su turno, también esperan que primero les pague a ellas el estatal Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), para luego ir a cancelar lo que les deben a las IPS. Según el presidente de Acemi, el caso es que el Gobierno sostiene que las deudas del Fosyga son de $1,5 billones, mientras que las EPS reclaman del orden de $3 billones. Con un lío adicional, representado en las llamadas glosas POS (Plan Obligatorio de Salud), o sea las facturas por servicios prestados, pero que no estaban reconocidos dentro de dicho plan.
¿Y qué relación tiene la abultada deuda con la actual reforma de la salud que se tramita en el Congreso?
“El nexo es total”, explica Arias Ramírez, porque en el nuevo modelo las EPS pasarían a ser gestoras, pero para ello deben tener en ceros su cartera.
Tan baja es la capacidad de pago, que el presidente de Acemi ha propuesto, como solución, que las EPS -una vez convertidas en gestoras- pignoren parte de la Unidad por Capitación (UPC) que reciben y la destinen a la cancelación de esas deudas. Ello exigiría una robusta UPC, para poder cubrir los servicios de los afiliados y abonar a la pesada deuda, un asunto que debe pasar los respectivos exámenes de legalidad.
Ante ese panorama, Acemi considera que lo mejor es subsanar las actuales debilidades financieras del sector salud, como ese hueco de $14,4 billones, y luego, sí, entrar en la nueva reforma. Entre otras razones, porque se estima que el presupuesto de salud debe aumentar unos $6 billones por año, como consecuencia de la ampliación de servicios, los subsidios a la oferta para los hospitales pequeños y, entre otros, la formalización de los trabajadores de la salud.
Arias Ramírez hace notar que sus cifras coinciden con los análisis de entidades como Fedesarrollo y Anif. “Hablamos de lo mismo. El panorama es muy duro y por eso la reforma está medio frenada en el Senado. Además, dentro de la propuesta no se habla de la plata ni de la calidad del servicio”.
El problema es de cartera
Según el senador Gabriel Zapata Correa, uno de los ponentes de la reforma de la salud, el propio Gobierno Nacional reconoce lo grave que para la sostenibilidad financiera del sistema de salud representa la elevada cartera, especialmente la que tiene más de 360 días de vencida. Como salidas están en discusión planes de pago, con plazos de siete años, créditos a bajas tasas para las EPS privadas y hasta pagos de las EPS públicas con Títulos de Tesorería (TES).
El legislador destaca entre las bondades de la reforma que hace su trámite en el Senado, la creación del fondo Salud Mía, que manejaría entre $26 y $28 billones anuales. Zapata Correa no teme que se convierta en un fortín político, pues advierte que, al estilo del Banco de la República, la entidad tendría un grupo de codirectores y robustos sistemas de auditoría. Los codirectores serían nombrados por el Presidente de la República, excepto el representante de los usuarios.
