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Según la Fiscalía, la Juez Segunda Civil del Circuito de Buga, Norella Acosta Tenorio, habría incidido irregularmente al momento de hacer el avaluó de dicho predio.
En ese sentido, el ente acusador señaló a la funcionaria de incurrir en los delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción, dado que para la Fiscalía, tras las decisiones de la juez, el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), ahora ANI, tiene que pagar un valor cercano a $34.000 millones por el predio.
El juez 61 de Control de Garantías decidió suspender el pago, mientras se resuelve la situación judicial de la juez Acosta.
Finalmente, para la Fiscalía, los hechos cometidos por la juez son graves, en el sentido de que en varias interceptaciones telefónicas queda registrado un acuerdo entre la funcionaria y otra persona, con el que se buscaba engañar al Estado
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