Hay sentencias de altas cortes que los departamentos no pueden cumplir

¿Cuántos expedientes encontró en su despacho al tomar posesión?
468 casos y entraron 57 nuevos en el primer semestre.

Si el departamento perdiera todo, ¿cuánto dinero tendrían que pagar?
$209.000 millones, una barbaridad.

¿Cuál es el caso más complicado que tiene en este momento en su escritorio?
El de un ciudadano de la región que interpuso una tutela en 2007 pidiendo que desalojaran a unos invasores, víctimas de la violencia, para recuperar su propiedad privada. El Tribunal resolvió ejecutar el desalojo, pero fue imposible en aquel momento. Entonces había alrededor de 300 personas. Después el demandante acudió a la Corte Constitucional que confirmó la sentencia. Y fueron creciendo los invasores.

¿Y ahora?
Son unas 1.200 familias. El Tribunal también decía que se debía construir vivienda digna para las personas que estaban ahí. Aunque el Departamento alegó que era una inversión alta construir albergues mientas se resolvía el caso ($5.000 millones) y nadie viviría allá, hubo que hacerlos. 

No quisieron mudarse, ya que las viviendas que tienen son superiores, y tampoco desalojaron. En 2011 dictaron una orden de arresto y cinco salarios mínimos para el gobernador de la época por incumplir el fallo. Se logró que quedaran solo en los salarios mínimos. Ahora nosotros pedimos a la Corte que mande una Comisión y se desplace a la zona para que sus integrantes vean la imposibilidad de acatar la sentencia.

¿Cuál sería la solución?
Tratar de hacer una negociación con el propietario del lote, aunque ha sido imposible hasta la fecha. Está pidiendo una cantidad de plata desorbitada porque el POT cambió. Antes era rural y ahora urbano; son $500.000 por metro cuadrado y hablamos de unas 17 hectáreas ($85.000 millones). Si no se logra nada, habrá que expropiar y dar el título de propiedad a cada persona de su pedacito porque prima el interés general sobre el particular.

Da la impresión de que es muy fácil legislar desde un escritorio de Bogotá...
Es muy fácil para ellos exigir el cumplimiento de las normas, pero ya cuando están aquí y pisan el terreno, ven la realidad con sus propios ojos, se dan cuenta de que es muy diferente.

¿Hay sentencias de los jueces de restitución de tierras que son otro quebradero de cabeza?
Son unos fallos que van más allá de lo que realmente requiere la víctima. Adicional a devolver el terreno, los jueces exigen que le pongan luz eléctrica, le construyan una escuela, vías de acceso y demás. Si el fallo es que le devuelvan la tierra, está bien, pero es inabordable para el departamento cumplir con el resto de peticiones. En el caso de una finca -“El Toco”- se les puso paneles solares porque electrificar requería una inversión de $2.000 millones, dinero que no había, y no se justificaba por ser un grupo pequeño de personas. Pero el juez no lo consideró suficiente, exigía electrificación para la totalidad del predio, aunque el fallo era solo para la parcela 53.

Con ese panorama poco alentador, ¿qué le pediría usted a las altas cortes?
Que verifiquen cada vez que emiten un fallo porque es muy fácil ordenar al departamento hacer cualquier cantidad de cosas sin verificar ellos antes qué está pasando.

¿Están bien armados los departamentos para defenderse?
Por lo menos en el Cesar trabajamos con las uñas. No tenemos un software y hace falta tecnología para que la Justicia sea más eficiente, nos la pasamos yendo a cada momento al Palacio de Justicia para consultar. Estoy trabajando con la Alcaldía de Bogotá porque su departamento jurídico ofrece un software muy bueno con un convenio a cero pesos.

¿Siente que ustedes están siempre en inferioridad de condiciones?
A veces. Lo que ocurre es que todo el mundo piensa que el departamento es la mina de oro, si yo demando, no solo me dan la razón y me restablecen el derecho, sino que ahí hay plata y me tienen que indemnizar.

¿El departamento suele perder?
Al contrario, son más las que ganamos. La mayoría de demandas son del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, educadores que piden reliquidar sus cesantías, que se les pensione o sus veredas quedan en lugares de difícil acceso y no les pagaron por ello. Nos saturan, pero casi siempre ganamos.