Hasta $2,7 billones puede costar desarme y reintegración de miembros de las farc

Sin embargo, la cifra de recursos requeridos iría más allá. La Contraloría afirma que “probablemente serán destinados mayores recursos por el otorgamiento de beneficios adicionales que podrían incluirse en los acuerdos finales de las negociaciones de paz y por otros aspectos del postconflicto”. 

Así lo dice el organismo de control en el estudio sectorial sobre la inversión que se requeriría para llevar a cabalidad los programas de la Política Pública de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia de 2006 a junio de 2014, que fue objeto de análisis por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad. 

La Contraloría estima que la inversión promedio realizada por el Estado para efectuar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración durante dicho periodo fue de $66,7 millones por persona, si se tiene en cuenta que durante este período se desmovilizaron e ingresaron a la Ruta de Reintegración 34.281 personas. 

Respecto a la reparación económica en el período citado, la Contraloría pudo evidenciar que los desmovilizados han entregado sus bienes a la Fiscalía y esta a su vez al Fondo de Reparación y, sin embargo, su valor resulta menor en comparación al monto de las indemnizaciones giradas. 

En ese sentido, la CGR afirma que, por ejemplo, una alta proporción del valor de las sentencias de Justicia y Paz, se han financiado con recursos del presupuesto nacional y no con los bienes entregados por los desmovilizados condenados en dichos fallos. 

Durante el período que abarca el estudio, se realizaron dos procesos de desarme y desmovilización. En primer lugar, las desmovilizaciones colectivas producto de la negociación con las autodefensas (AUC) y, en segundo, las desmovilizaciones individuales, que corresponden en su mayoría a miembros de las Farc y el ELN que han desertado de sus filas. 

Al respecto, la CGR encontró que el número de desmovilizados en los dos tipos es similar. Los primeros se concentran en los años 2006 y 2007, mientras que los segundos se han dado a lo largo de todo el periodo analizado. Sin embargo, estos últimos han ido disminuyendo continuamente desde el año 2008, lo cual puede obedecer al menor tamaño en las estructuras de estos grupos armados. 

Igualmente, el organismo de control fiscal observó que el costo promedio de atención por cada desmovilizado es mayor en los procesos de desarme y desmovilización individuales, en comparación con los colectivos. 

Justicia y paz 

Con relación a la implementación de la Ley de Justicia y Paz, la CGR observó que una alta proporción de los desmovilizados postulados a recibir beneficios, han sido excluidos de estos procesos judiciales debido a que han renunciado o incumplido con los requisitos exigidos. 

Respecto al proceso de reintegración de las personas desmovilizadas de grupos armados al margen de la Ley, la Contraloría observó que el 85% de quienes ingresaron aún se encuentran en el proceso y destaca que 12% culminaron efectivamente las actividades programadas en la Ruta de Reintegración. 

Así, la Contraloría advierte que existe una alta permanencia en el proceso de reintegración y que se requiere un período prolongado de intervención “inclusive superior a 8,5 años”. 

Apoyos económicos 

La Contraloría estima que una “proporción significativa” de los recursos ejecutados por la Agencia Colombiana para la Reintegración se dirigió a los apoyos económicos para las personas vinculadas al proceso. 

En contraste, otros componentes de atención que también son relevantes en el desarrollo de la Ruta de Reintegración, tales como la formulación e implementación de proyectos productivos y las actividades de reintegración comunitaria y de servicio social en las comunidades receptoras de desmovilizados, registraron una participación baja en los recursos ejecutados por la Agencia, lo cual indica que estos componentes han tenido una menor prioridad en el proceso. 

Otros hallazgos 

En el mismo estudio, la Contraloría encontró que la mayoría de los menores de edad han culminado su participación en el programa de reintegración, para luego realizar la transición a una vida familiar o a los programas de reintegración para adultos. Sin embargo, vale resaltar que existe una alta tasa de deserción (31,4%), la cual obedece a que la permanencia en el mismo es voluntaria. “Esta situación es preocupante en la medida que afecta el cumplimiento de los objetivos del programa y puede dificultar la adaptación de estos niños y jóvenes a la sociedad”, afirma. 

Con relación al componente de formación para el trabajo a cargo del Sena, la CGR observó que la mayoría de los cursos impartidos son de baja intensidad horaria y corresponden a actualizaciones en temas particulares, en lugar de cursos completos de nivel técnico o tecnológico, por lo cual no se garantiza una efectiva formación de capacidades laborales y de emprendimiento que permitan a las personas desmovilizadas una adecuada inserción en las actividades económicas. 

Por su parte, en cuanto a la labor adelantada por la Fiscalía General de la Nación, en primer lugar, se ha llevado a cabo un gran número de diligencias de versión libre, en donde las confesiones de los desmovilizados han permitido conocer más a fondo episodios del conflicto armado. Sin embargo, se encuentran menores resultados en materia de sentencias condenatorias e incidentes de reparación integral, en comparación con el número de postulados y de hechos delictivos confesados. 

Finalmente, en el informe se estableció que un bajo porcentaje de las víctimas registradas ante la Fiscalía han sido reconocidas en los hechos delictivos confesados en los procesos de Justicia y Paz, debido a su baja participación en las diligencias de versión libre y a la renuencia de algunos desmovilizados a dar a conocer estas acciones