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ECONOMÍA

Hallazgos fiscales por $65.732 millones al evaluar proyectos de Electricaribe

domingo, 17 de julio de 2016
Foto: Colprensa
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Colprensa

De acuerdo al resultado de una auditoría realizada durante el primer semestre de 2016, que llevó a cabo la entidad de control fiscal sobre proyectos eléctricos financiados con recursos del Programa de Normalización Eléctrica (Prone), a través de tres contratos, hubo una conducta “ineficaz” por parte del ministerio de Minas y Electricaribe al presuntamente incumplir con el objetivo de normalizar más de 63 mil usuarios de la Región Caribe.

Para la Contraloría, hubo fallas por parte de la cartera de Minas y Energía en la supervisión de la ejecución de los tres contratos, teniendo en cuenta que los recursos destinados y pagados para la normalización de usuarios no cumplieron con el fin definido por el programa.

“Esto sucedió  sin que el Ministerio de Minas y Energía hubiese tomado las acciones necesarias que condujeran al logro de la finalidad perseguida con la asignación de los recursos públicos destinados a cubrir las necesidades de normalización en el servicio de energía, para las comunidades menos favorecidas en los departamentos de la Costa Caribe”, resaltó el Contralor General de la República, Edgardo Maya.

¿Cuáles son los contratos en la mira de la contraloría?

La entidad evaluó en particular los recursos Programa de Normalización Eléctrica (Prone) asignados a través de tres contratos suscritos por Minminas con Electricaribe: el primero bajo el radicado GSC 157-2012, por $86.072 millones; el siguiente GSA-106-2011, suscito por $46.076 millones; y finalmente el registrado como GSC-226-2012, por $21.489 millones.

En el primer contrato, la empresa electrificadora se comprometió a ejecutar recursos para normalizar 34.940 usuarios en siete departamentos de la Costa Caribe: Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre. Se acordaron  134 proyectos, con plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2013, posteriormente se extendió dicho plazo hasta el 31 de diciembre de 2014.

“Se evidenció que Electricaribe solo ha puesto en operación 75 de los 134 proyectos aprobados, no obstante que el plazo establecido contractualmente para ello se encuentra vencido. El valor resultante de $46.442 millones se convierte en presunto detrimento, derivado de la no aplicación de los recursos a los fines previstos en el programa de normalización”, sostiene la entidad de control.

El segundo convenio, firmado por un valor de $46.076 millones, tenía un plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2015, con una prorroga del plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2015, en este caso, Electricaribe se comprometió a ejecutar recursos para normalizar 21.707 usuarios en siete departamentos de la Costa Caribe: Atlántico, La Guajira, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, mediante la realización de 27 proyectos.

“Teniendo en cuenta que la vigencia del Contrato Prone, expiró el 31 de diciembre de 2015, se evidenció que Electricaribe solo ha puesto en operación 18 de los 27 proyectos aprobados. El valor resultante de $12.699 millones se convierte en presunto detrimento, derivado de la no aplicación de los recursos a los fines previstos en el programa de normalización”, sostiene el informe de la auditoria hecha por la Contraloría.

Finalmente, la entidad indaga el tercer contrato suscrito por una cifra de $21.489 millones, mediante el cual Electricaribe se comprometió a ejecutar recursos para normalizar 7.136 usuarios en seis departamentos de la Costa Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena y Sucre, mediante la realización de 38 proyectos.

De acuerdo a la Contraloría, los recursos tenían plazo para ser ejecutados hasta el 30 de diciembre de 2013, con extensión de plazo hasta el 31 de diciembre de 2014.

“En este tercer contrato, la Contraloría evidenció que Electricaribe solo ha puesto en operación, entendida la Puesta en Operación como usuarios conectados a la red de energía eléctrica normalizada, 23 de los 38 proyectos aprobados, no obstante que el plazo establecido contractualmente para ello se encuentra vencido. El valor resultante de $6.591 millones se convierte en presunto detrimento, derivado de la no aplicación de los recursos a los fines previstos en el programa de normalización”, estima la entidad de control fiscal.

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