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Es bueno recordar que los mineros ilegales del sector levantaron las mesas de diálogo con la empresa y el Gobierno después de que se expidió el Decreto 1421 de 2016, que busca la formalización de las operaciones en la zona.
Es por esto que la empresa continúa con sus operaciones a menos de media marcha, “solo están trabajando 300 empleados de los 3.000 que están contratados de manera directa e indirecta”, y esto ha generado pérdidas de más de $30.000 millones, señaló la minera.
Adicionalmente, “Gran Colombia Gold fue víctima de dos atentados terroristas. El sábado 24 explotó un petardo en una camioneta de la Compañía y el domingo 25 explotó otro en la tubería que surte de agua a la planta de María Dama y al barrio El Manzanillo donde habitan cerca de 800 familias”.
La empresa también ha señalado que detrás de este paro hay organizaciones criminales como la denominada la Mano que Limpia.
Por los bloqueos también se ha presentado la dificultad de operación de las empresas de los municipios. Entre las más afectadas están las de transporte público de pasajeros a Remedios y Segovia y a los municipios de Zaragoza y el Bagre en Antioquia.
Frente al tema, Santiago Ángel Urdinola, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), explicó que no hay espacio para pensar en otra alternativa que la formalidad, ya que esta “permite mayores oportunidades y seguridad, no solo para los mineros, sino para sus familias”.
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