Se firmó el Plan Marshall para que entre en vigencia desde 2021, allí se incluyen temas sociales, pero también exenciones fiscales

Joaquín M. López B.

La alcaldía de Claudia López ya tiene firmado el cupo de endeudamiento de Bogotá por $10,7 billones; recursos con los que se dará paso a una serie de alivios económicos para personas y empresas, así como nuevas obligaciones para quienes incrementaron sus ingresos en medio de la pandemia, según quedó pactado en el Plan Marshall.

Pero ayer, durante la firma de estos dos puntos, López estuvo acompañada del ministro Alberto Carrasquilla, un símbolo de la cooperación que habrá entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional para sacar adelante el acuerdo social, que cuesta $3,8 billones. En ese programa, uno de los puntos más importantes tiene que ver con la renta básica, el cual ya recibió el espaldarazo del Ministerio de Hacienda.

La Alcaldesa explicó que antes de la pandemia no había una sola familia vinculada a un ingreso mínimo garantizado, más allá de los giros que se hacían por los programas sociales del Gobierno que alcanzaban a 150.000 hogares. Pero precisamente con la crisis apareció el plan de ‘Ingreso Solidario’ (del Gobierno Nacional), y ‘Bogotá Solidaria en Casa’ del Distrito; con ellos entre marzo y octubre se lograron cubrir $712.000 núcleos familiares.

Ahora, con el respaldo adicional que firmó Carrasquilla, el programa se amplió y este año cerraría con 770.000 hogares, pero, además, el propósito es subir a 900.000 en 2021.

“Estimamos ese crecimiento por las cifras de pobreza, que venían en alza antes de la pandemia, y ahora será el doble de lo que estimó el Plan de Desarrollo, se esperaba un alza de 15%, y ya vamos en 26%. La manera de llegar rápidamente y rescatar esas familias es con una transferencia directa de ingresos a sus bolsillos, se garantiza que no habrá hambre”, dijo López.

Precisamente entre los pagos que se han hecho en el 29 de marzo y el 15 de septiembre (último registro público), iban casi $342.000 millones, por lo que al cierre de este año sería más de $500.000 millones; incluso más según el número de inscritos.

Igualmente, Carrasquilla recordó que no se trata de un programa de varios años, sino principalmente para la época de la pandemia. “Desde que empezó la crisis, a Ingreso Solidario se han sumado 3 millones de hogares, con una preponderancia importante en Bogotá, hemos planteado ese programa como temporal, ya fue extendido, pero tenemos que hacer una reflexión sobre la importancia de sustituir algunos programas. Ingreso Solidario tiene sus límites en el tiempo”.

Esto riñe con la visión de la alcaldesa, quien ha dicho que la renta debe mantenerse y enfocarse en los más pobres, razón por la que habrá que ver qué novedades anuncia el Distrito.

A estos anuncios se suman otros apoyos para programas que saldrán conjuntos entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. Estos tienen que ver, por ejemplo, con el sector salud al que llegarán 200.000 nuevas personas vulnerables al Régimen Subsidiado, que se calcula en $160.000 millones al año; y planes complementarios en educación, que consiste en beneficiar a 80.000 jóvenes y 5.796 apoyos de soluciones de vivienda, y subsidio de arrendamiento.

A estos se suman más subsidios a 274.000 mujeres del Sistema Distrital de Cuidado y mercados a madres cabeza de hogar.

Cambios con el Plan Marshall
López detalló que la correlación entre el endeudamiento y el Plan Marshall tiene que ver con que este último es la garantía para que la ciudad reciba los recursos. Con esa ruta firmada, desde el año entrante se dará paso a una serie de alivios tributarios, así como nuevas obligaciones para algunos (ver gráfico).

Por ejemplo, en beneficios quedó la congelación del impuesto predial para 2,6 millones de propietarios; descuentos de hasta 22% para los contribuyentes (empresas) de ICA más afectados; exenciones a teatros, museos, colegios y jardines privados; ampliación del pago por cuotas del predial, y un paquete completo de ayudas para la formalización y la inclusión productiva de Mipyme.

Por otro lado, aumentará el predial para predios residenciales cuyo valor catastral sea mayor a $1.092 millones; y se reforzará el ICA a telecomunicaciones, obras de ingeniería civil, farmacéuticas y entidades financieras.