A través del Ministerio de Vivienda se han destinado más de $91.000 millones en 1.650 viviendas nuevas y mejoramientos

María Carolina Ramírez Bonilla - mcramirez@larepublica.com.co

Luego de unas negociaciones fallidas en la tarde de ayer, el Gobierno Nacional dejó las puertas abiertas para continuar el diálogo con las comunidades indígenas del suroccidente del país. La minga cuya manifestación está relacionada con el rechazo a los actos de violencia en la región pidió que el presidente Iván Duque se hiciera presente en la zona y dijo que esperarían hasta mañana 14 de octubre sino empezarían una marcha hacia Bogotá.

“Queremos que el gobierno atienda nuestras solicitudes, que no haya más asesinatos de nuestros líderes, de nuestros representantes, de nuestros comuneros, de nuestros coordinadores de guardia, autoridades. De eso se trata esta Minga, de que a nosotros nos respeten la vida”, dijo uno de los voceros de la minga ayer.

Bajo esta situación, el Gobierno presentó un balance de las acciones que se han tomado para ayudar a esta población. Según los datos oficiales la administración a cumplido con las peticiones realizadas por los consejos y organizaciones indígenas tales como la Cric, Cridec y Crihu. El año pasado la inversión social fue de $93.000 millones, este año se espera terminar con más de $250.000 millones y para 2021 la suma llegaría a $296.000 millones.

Las inversiones se han hecho en diferentes proyectos. Por ejemplo, a través del Ministerio de Vivienda se han destinado más de $91.000 millones en 1.650 viviendas nuevas y 832 mejoramientos. Para el saneamiento financiero de la EPS Indígena – Asociación Indígena del Cauca se ha invertido $5.000 millones.

En el aspecto agrícola, una de las peticiones frecuentes de la comunidad indígenas, con la Agencia de Desarrollo Rural, se han destinado más de $25.000 millones para beneficiar a 400 productores del Cauca y dos proyectos de promueven la autonomía alimentaria, entre otros. En general todas las carteras del Gobierno han aportado para solucionar los problemas sociales de esta comunidad y zona del país.

Uno de los temas candentes con la minga ha sido el de la propiedad de la tierra, según la información que ha levantado el Gobierno con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, y otras entidades, en la última década, indican que 42,5% de la tierra (48,5 millones de hectáreas), es de títulos privados, desde empresas que la usan para su explotación en agroindustria y la generación de empleo, hasta las familias o personas que tienen su terreno propio para disfrutar, pasando por los campesinos dedicados a cultivos de “pan coger”.

Luego, con 34,3 millones de hectáreas, es decir, 30,1% del total, está la tierra de los resguardos indígenas, las comunidades afrodescendientes y otras agrupaciones étnicas reconocidas por el Estado. Según las cifras del Dane, estas comunidades minoritarias agrupan a 2,5 millones de personas aproximadamente, lo que significaría unas 14 hectáreas por persona, casi siete veces más que cualquier otra persona.

Ninguna de esas comunidades paga impuestos sobre la tierra ni su producción, situación que origina muy pocos recursos en los municipios en donde se encuentran.

De manera específica para el departamento del Cauca, los reportes del Observatorio de Tierras Rurales de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), pues sobre el total del Cauca que se extiende por casi tres millones de hectáreas, 1,3 millones ya están tituladas para los indígenas. De hecho, de allí se ha favorecido a más de 2.000 familias étnicas.

En su mayoría, esa tierra titulada para las comunidades se usa para definirse bajo el modelo de resguardo indígena que equivale a un predio que goza de condiciones diferentes a las de cualquier otro terreno, pues no paga impuestos y tampoco puede incluirse dentro de los planes de desarrollo agropecuario de la región, ni mucho menos para el aprovechamiento de temas como la agroindustria.