"Es algo que requería el sistema y que en esta coyuntura financiera tan difícil era vital" Minsalud

El 2018 inició con un ajuste de cuentas a la industria farmacéutica. Una nueva regulación de precios a los medicamentos comenzó a construirse a inicios de marzo y fue publicada el 4 de agosto por el antecesor de la cartera de Salud, Alejandro Gaviria. Ahora, faltando menos de un mes para que termine el año, la nueva cabeza del Ministerio de Salud, Juan Pablo Uribe, reafirmó que continúa en pie la medida entrando a regir a partir del 1 de enero de 2019.

Desde que se conoció la medida, reglamentada en la Circular 07 que cubre a 902 medicamentos, no ha parado el debate entre el Gobierno y las farmacéuticas por si es correcta o no la medida. Incluso cartas fueron enviadas al Ministerio de Salud en las que pedían a Uribe revisar las condiciones de la medida.

Pese a esto y aunque la circular no es nueva, ya que fue expedida el 4 de agosto, este lunes 3 de diciembre el nuevo dirigente de la cartera de Salud se “paró en la raya” reafirmando que habrá un bajón de precios en los medicamentos.

Con cerca de tres meses a cargo de la cartera de Salud, Juan Pablo Uribe habló con Colprensa sobre lo que significa la puesta en marcha de esta decisión, lo adelantado en su gestión en reformas al sistema de salud y las proyecciones para el próximo año.

¿Por qué ratificar la Circular 07?
Desde que llegué al cargo anuncié que me comprometía con dar continuidad a la Circular 07 y lo que hicimos esta semana fue, precisamente, cumplir con eso. El día lunes informamos a la industria y al país que esta medida se mantiene en pie y que entrará en vigencia a partir del primero de enero del año entrante, la decisión la tomamos tras haber surtido una revisión a la medida con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a petición de las mismas industrias farmacéuticas, y al encontrar que todo marchaba legalmente se ratificó la circular en la Comisión Nacional de precios de medicamentos.

Por otro lado, se debe resaltar que esto es vital para el país. La medida demostró que los usuarios necesitan poder acceder a medicamentos bajo precios reales, también es un reconocimiento al trabajo previo del Gobierno anterior que busca contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema.

Tras la sonada ratificación, ¿qué le ha dicho la industria farmacéutica?
Aquí resalto que con la industria hemos mantenido una conversación abierta. Como siempre habrá posiciones en las que desentonemos, pero siempre estaremos dispuestos a oír con la importancia de revisar las metodologías y la efectividad de la política de control de precios de medicamentos.

Además de esto, en todos los sistemas de salud es muy importante mantener la capacidad de regular los precios de los medicamentos por dos objetivos: acceso de la población a medicamentos prioritarios y sostenibilidad financiera. Lo otro es que la metodología genera unos retos importantes y es fundamental que el Ministerio la pueda controlar. Así mismo, prefiero una industria sentada a la mesa tratando de ser parte de la solución que una industria que siente que el rector del sistema está en su contra.

Al igual que a Gaviria ¿le han hecho llegar cartas para que reconsidere la medida?
Alguna que otra. Llegan cartas de todas partes y todas importantes en el sentido de poder entender los argumentos y así lograr acuerdos en un espacio de diálogo técnico frente a temas que son complejos y que siempre van a estar evolucionando. Ese tipo de manifestaciones siempre van a ser bienvenidas y van a generar valor.

La Circular 07 cubre el control de precios de 902 medicamentos. ¿Se expandirá esta medida a más fármacos?
Tendremos una ruta de trabajo durante el próximo año en conjunto con la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos. Durante este tiempo revisaremos la metodología y, por otro lado, estaremos analizando el mercado farmacéutico para ver cuáles otras dimensiones pueden requerir una regulación de precios de medicamentos. En ese sentido, ese trabajo a finales de 2019 puede concluir con nuevas regulaciones que entrarían en vigencia el primero de enero del 2020.

¿Quién va a vigilar que se dé cumplimiento a la regulación de este año?
El control de precios de medicamentos es un ejercicio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). En este caso, la Circular 07 ejerce el control de precio al mayorista. Aquí además va a haber un seguimiento al comportamiento de las farmacias y droguerías que la Comisión definirá cómo efectuar, para así garantizar que este esfuerzo de reducción de precios realmente le llegue al ciudadano.

Entonces, ¿cómo se verá beneficiado el consumidor?
El consumidor debe ver terminando el primer mes del año entrante, y de los años subsiguientes, cómo los precios de estos medicamentos controlados se reducen para su compra directa. Nuestros cálculos indican que con esta medida el país podrá ahorrarse unos $360.000 millones al año.

Pese a ese ahorro que usted menciona, las farmacéuticas han planteado reparos. ¿Qué responde?
Es importante resaltar que tenemos un diálogo abierto, así mismo que hemos desarrollado una metodología técnica para enfrentar esta situación. Además de esto, se debe entender que esta regulación no es nueva y que se aplica en varios lugares del mundo. De igual forma, la discusión se está dando en una comisión tripartita que busca permanentemente lo mejor para los planes de inversión y estabilidad a futuro de las farmacéuticas.

Esperamos también que, en la medida en la que haya mayor acceso a los medicamentos y mayor competencia, podamos avanzar en el crecimiento de la industria farmacéutica y en el valor que esta le genera al sector salud.

¿Le urgía al país poner en cintura los precios de los medicamentos?
Es algo que requería el sistema y que en esta coyuntura financiera tan difícil era vital. Pero es algo que, de nuevo, lo requieren todos los países del mundo, incluso aquellos con mayores recursos. Todos están en una permanente discusión con la industria buscando encontrar una estabilidad entre la innovación que trae valor, el equilibrio financiero de los sistemas y el acceso real de sus ciudadanos a medicamentos que tienen un impacto muy importante en la salud.

Ante ese panorama, ¿ha considerado expandir la medida a más tratamientos de alto costo?
Sin duda, muchos de los tratamientos de alto costo en Colombia se pagan a través del NO PBS y son un factor de estrés financiero para la sostenibilidad de nuestro sistema, por eso es tan importante que podamos implementar en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adress) este tipo de medidas. Habrá compras centralizadas y la introducción de valores máximos de recobro en el No POS para frenar el incremento que ha seguido en los últimos años y que podría comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

Otro de los temas que ha sido coyuntural es la ley del acuerdo de punto final. ¿En qué va?
El acuerdo de punto final es una de las propuestas principales del presidente Duque para el sector. Lo primero a resolver fue cuáles son las deudas entre los distintos actores. Hay deudas de la nación, de los territorios, de entidades particulares, y cada una de ellas requiere un tratamiento específico. Cuando la cuantía esté definida y se pueda reconocer, trabajaremos en estructurar los instrumentos financieros. Al mismo tiempo, tenemos que hacer reformas estructurales del sistema de salud para garantizar que las condiciones que generaron este desequilibrio no se repitan.

Es por esto que se está tramitando la ley de acuerdo de punto final y esto permitirá que se consolide la deuda nacional para así reconocer en dónde estamos parados. Esta ley se debe traducir en mayor liquidez para los servicios del sistema y esperamos que en las primeras etapas de la deuda, que son aquellas que corresponden al Gobierno Nacional y los entes territoriales, podamos liberar cerca de $4 billones a partir del próximo año.

Frente a esto, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas pidió dar celeridad a este tema. ¿Qué les responde?

Entendemos el mensaje de celeridad, pero también hacemos un llamado de atención a que entiendan que este es un problema que se ha acumulado por más de diez o quince años y que no puede resolverse de manera inmediata.

Aquí estamos tratando con metodologías y procesos complejos que nos permitirán llegar a conciliaciones en las cifras de deudas y a la construcción de la estructura que permita reconocer estas financieramente. Por más que corramos, esto tiene que quedar muy bien hecho y al mismo tiempo debemos hacer reformas para alcanzar compromisos que eviten la repetición de esos comportamientos que nos trajeron acá. El acuerdo de punto final debe ser definitivo, no podemos repetir mañana los errores de ayer.

Con respecto a las deudas históricas que menciona, ¿cuánta plata es en sí?Esto ha sido una situación compleja. Vamos a tener una cifra final en la medida en que logremos conciliaciones entre las partes. Lo primero que hicimos fue cerrar el presupuesto de 2018 con un esfuerzo de $780.000 millones para garantizar el funcionamiento de los programas de salud pública. Lo segundo, fue consolidar la cifra del No PBS del Régimen Contributivo en la Adres, que puede oscilar entre los 2.5 y los 5 billones de pesos.

A nivel de los territorios, con el No PBS del Régimen Subsidiado la cifra puede estar entre 1.5 y 2 billones y hay un último consolidado muy grande entre las deudas de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y los Institutos Prestadores de Salud (IPS) con un valor cercano a los $8 billones.

Entonces, ¿cómo quedó financiada la cartera?
Tenemos en la ley de presupuesto una adición de $3.8 billones para el año entrante. De estos, $100.000 millones nos van a servir para fortalecer el hospital público en departamentos y municipios para así disminuir la centralización del sector.

Otros $100.000 millones van a ser para fortalecer el programa ampliado de inmunizaciones, algo que es vital en la coyuntura migratoria y en las presiones de enfermedades emergentes o infectocontagiosas. Finalmente, los $3.6 billones restantes los requerimos para poder asegurar la cobertura en salud de todos los colombianos, por eso es tan importante el resultado que dé la discusión sobre la Ley de Financiamiento.

Usted habla de más reformas, ¿cuáles son?
Hay dos tipos de reformas que necesitamos. La primera, consiste en fortalecer la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Salud. Para esto, ya se radicó un proyecto ante el Congreso, con mensaje de urgencia, para darle más dientes a la Superintendencia y una mayor capacidad sancionatoria en la aplicación de multas más grandes. Por otra parte, hay reformas que el sistema de seguridad social colombiano requiere para evitar posiciones dominantes y limitaciones a la libertad de elección, también permitir darle más visibilidad y transparencia a los flujos financieros y a las contrataciones en el sector.

¿Cree que sale este año la reforma a la Supersalud?
Tras la primera votación tendrá que surtir otros espacios y confiamos que en el próximo semestre sea ya una ley en efecto.

¿Qué dicen las EPS sobre esto?
Tenemos un acuerdo importante con el interés de varias de ellas de trabajar en el tema de acreditación y estándares voluntarios de calidad. Así mismo, la Superintendencia de Salud aplicará el decreto 682 que establece una ruta específica para la habilitación financiera y técnica de las EPS. Ese es la combinación que estamos buscando, un tema regulatorio estricto y un tema de mayores estándares de calidad y servicio para el ciudadano.

¿Cuáles son las EPS que están bajo lupa de la Supersalud?
Las EPS que deben cumplir con los nuevos mandatos de la entidad son Capital Salud, Capresoca, Convida, Coomeva, Medimás, SOS, Ambuq, Comparta, Cruz Blanca, Emdisalud, Emsanar y Savia Salud. Así mismo, los actos administrativos especifican los tiempos y condiciones que deben cumplir las EPS para seguir funcionando en el sistema de salud colombiano. Es decir, cualquier demora superior a 90 días en los pagos de los aseguradores deberá tener una sanción patrimonial.

Medimás siempre es un capítulo aparte. ¿Cómo va la gestión con ellos?
La Supersalud tiene un monitoreo diario de esta EPS, sabemos que está en medidas especiales de vigilancia y por ello buscamos garantizar el cumplimiento de estos parámetros e intervenir oportunamente cuando lo considere el caso dentro del marco legal. En su momento la Superintendencia de Salud anunciará acciones sobre esta u otras EPS de acuerdo a ese monitoreo.

Durante el tiempo que ha estado a cargo, ¿ha visto un cambio de opinión de los ciudadanos frente al sistema de salud del país?
No. Los colombianos siempre somos críticos de nuestro sistema, sobre todo cuando algo sale mal en él. Las encuestas, tutelas y otras aproximaciones que tenemos a esa relación entre el ciudadano y el sistema muestran niveles de insatisfacción similares a los de años anteriores. Lo que sí hemos querido tratar de cambiar, es el mensaje de la intención de política que está muy encaminado hacia un mejoramiento de la calidad para que se traduzca en mejores servicios hacia los ciudadanos, por eso hablamos de devolverle salud a la salud.

¿Cuáles son los propósitos del sector salud para 2019?
El año entrante deben ocurrir temas muy importantes para la salud colombiana. Entre ellos resalto el asegurar la liquidez, poner en marcha el acuerdo de punto final, así mismo tener una política para acompañar la migración de venezolanos en los temas asistenciales del país. Debemos haber desarrollado el trabajo con los hospitales públicos de una manera sistemática y esperamos haber avanzado mucho en los temas de acreditación en calidad con un nuevo mecanismo en la habilitación de IPS y con más información al ciudadano sobre estos estándares superiores.

¿Qué se lleva de fin de año?
El cansancio de habérsela metido toda este año, pero con la ilusión de contar con una ruta de fortalecimiento de la salud para los colombianos teniendo como centro al ciudadano para lo venidero.