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Para llevar a cabo ese objetivo se desarrolla una primera fase entre 2015 y 2017 que busca incorporar el Análisis de Impacto Normativos (AIN), como un medio para valorar la verdader necesidad de emitir decretos, regulaciones o recomendaciones, de esta manera se aumentará el potencial de estas herramientas normativas para solucionar problemas de la política pública del país.
“Si se toman solo los días hábiles, que fueron 60, el promedio fue de 1,33 decretos diarios. Del total de 80 decretos, 30 modificaron al menos un artículo de una norma anterior”, señaló el DNP en el comunicado de la investigación.
Según la entidad los actos administrativos que tienen un contenido de regulación son emitidos por ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, comisiones de regulación, agencias y direcciones nacionales y las únicas cifras de este tipo las había generado el Ministerio de Justicia, el cual encontró que entre 2007 y 2011, 16 entidades del Gobierno nacional emitieron 4.039 decretos, de esos, 1.645 fueron decretos con reglamentaciones sustanciales.
De esos 1.645 decretos, en 772 oportunidades se presentó el ítem de modificación de decretos, lo que indica que 45,7% de la producción normativa sustancial de los ministerios está orientada a las modificaciones legales en las áreas de sus competencias.
El pasado miércoles se reunió en París la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), con los 34 países miembros de esta organización e hicieron recomendaciones a Colombia para que ingrese al Comité de Política Regulatoria de Ocde, ingreso del que esta a cargo el DNP, quien reiteró el compromiso. Las entidades que más expidieron decretos fueron MinHacienda , MinSalud y MinComercio.
Las soluciones que propone Planeación Nacional
Con el Análisis de Impacto Normativos, el DNP busca que sean emitidas únicamente las normas que realmente contribuyen a solucionar los problemas y que tienen un efecto positivo para la sociedad.
De esta manera las entidades del Gobierno Nacional podrán mejorar sus procesos para generar normatividad. No solo reduciendo el volumen de producción de normas, sino la calidad de las mismas, que es lo más importante.
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