En riesgo 84.000 barriles diarios por consultas

Además de que está en riesgo la posibilidad de encontrar nuevos barriles en los municipios donde solo hay exploración, la entidad calcula que en las jurisdicciones donde hay producción están en juego alrededor de 84.000 barriles por día, lo que equivaldría a 10% de la producción actual. 

Para el caso de Cumaral, 7.475 votantes dijeron No a la exploración del bloque Llanos 69, mientras que el Sí solo tuvo 183 votos. Frente a esto, la compañía Mansarovar Energy quien está a cargo de ese bloque, a través de un comunicado, se declaró respetuosa de las leyes y la Constitución colombiana y espera que “se logren definir rápidamente reglas de juego claras (...) de manera que se resuelva la incertidumbre jurídica y regulatoria en la cual se encuentra el sector de hidrocarburos, producto del proceso de consultas populares”. Así mismo, la compañía señaló que se reunirá con la ANH para “aclarar el camino a seguir en el bloque Llanos 69”.

Es importante destacar que, según un fallo del Consejo de Estado que salió la semana pasada, independientemente de cualquier resultado la consulta de Cumaral no podía afectar derechos adquiridos, es decir, la decisión del domingo no es vinculante para las actividades que se desarrollan actualmente, según explicó Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. 

Según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en 2016, las reservas probadas de crudo fueron de 1.665 millones de barriles, es decir que habría petróleo para cinco años y gas para dos años. 

En palabras de Francisco Lloreda, presidente de ACP “con reservas que solo alcanzan para cinco años y un régimen fiscal no competitivo, la incertidumbre causada por las consultas populares pone en riesgo las campañas exploratorias que necesita el país, comprometiendo la autosuficiencia energética”. Incluso, no dudó en afirmar que, si no se toman las medidas necesarias, “en 2022 el país tendría que importar petróleo”. 

A propósito, la Contraloría reveló ayer un estudio en el que, basados en la declinación histórica de los actuales campos de producción existentes en Colombia, a partir de 2021 la producción de petróleo no sería suficiente para abastecer las refinerías, “lo que implicaría el fin de una época de autoabastecimiento que cumple más de 30 años”, señaló el comunicado.  Así mismo, destacó que dos años antes, en 2019, Ecopetrol perdería la condición de autosuficiente. 

La Contraloría también agregó que, además del deterioro de la balanza comercial, habría una reducción de los ingresos de los entes territoriales por el recorte en las regalías.  

Sin embargo, esta no es la única preocupación. El estudio también afirmó que “no hay fuentes sustitutivas de los ingresos provenientes de la renta petrolera”, por lo que se cumpliría la afirmación de Lloreda de que “si a la industria le va mal, le hace daño a los colombianos porque se traduce en más deuda, más déficit fiscal y más impuestos”. 

¿Qué medidas podrían tomarse, entonces, frente a la “racha” de consultas populares? Lloreda hizo un llamado al Gobierno para que lidere diálogos en dos frentes.

En primer lugar, con las altas Cortes y con el Congreso, con el fin de definir las competencias en materia de hidrocarburos y el alcance de las consultas en actividades estratégicas como la petrolera. Y en segundo lugar, con las autoridades de los entes territoriales donde se realiza exploración y producción para definir una agenda y compromisos que “permitan zanjar diferencias entre las regiones petroleras y el gobierno, que se terminan manifestando en el rechazo a la industria”, indicó Lloreda. 

¿Qué pasa si se pierde autosuficiencia?

Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, manifestó que la pérdida de autosuficiencia petrolera tendría severas consecuencias para el país. Además de que no habría suficiente crudo para cargar las refinerías, indicó que “perderíamos cerca de US$25.000 millones en exportaciones y tendríamos que dedicar cuantiosos recursos para importar crudo y combustibles”. Con un panorama así, “habría menos opciones de desarrollo y bienestar para los colombianos”, dijo Echeverry. 

Las opiniones

Francisco Lloreda
Presidente de la ACP
“Si le va mal a la industria, le va mal a los colombianos porque se traduciría en más impuestos, más déficit fiscal y más deuda”. 

Julio César Vera
Presidente de Acipet
“Esto abre la puerta a que se pueda limitar el desarrollo de la actividad a través de un mecanismo que trasciende al orden nacional”.