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En los últimos 30 años el país ha discutido, aprobado e implementado 56 leyes que contienen reformas al régimen tributario.
Luego de perder de manera contundente en la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales, Germán Vargas LLeras reapareció la semana pasada para anticiparse al presidente Iván Dúque y presentar el proyecto de Reforma Tributaria ante el Congreso de la República.
En la exposición de motivos del Proyecto de Ley al que tuvo acceso LR, Cambio Radical dio a conocer las 20 principales medidas que se proponen para la reestructuración del sistema tributario. La primera acción es el control a la evasión y el contrabando.
"El control a la evasión y el contrabando deberá ser, junto con el crecimiento económico, la principal fuente de ingresos adicionales para el Gobierno Central. El gobierno central deberá aumentar el recaudo en $120 billones en período 2019 – 2022, provenientes de la gestión del Ministerio de Hacienda", estable el proyecto.
Estas metas de recaudo suponen reducir en 50% la evasión y el contrabando en el próximo cuatrienio. Para esto también se duplicará el presupuesto de la Dian se duplicará.
Por otra parte, se fija en 30% la tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades; para las rentas agropecuarias percibidas por sociedades, se establece una tarifa del impuesto sobre la renta de 10% para los próximos 30 años, lo mismo para las rentas hoteleras y las rentas generadas por servicios que hagan parte de la infraestructura turística del país.
En materia de inversión extranjera, el proyecto propone establecer un desgravamen total para las inversiones de portafolio que realicen en Colombia los extranjeros que no tengan residencia ni domicilio en el país. Esto es aplicar en Colombia la misma legislación que se utiliza en los Estados Unidos para las inversiones de no residentes. Actualmente las inversiones de portafolio de extranjeros no residente se gravan con una tarifa de impuesto sobre la renta del 14%.
"Lo que se persigue con la reforma tributaria del sistema impositivo es una mejor distribución de la carga, reduciéndola sustancialmente para quienes tradicionalmente han sostenido al Estado y que hoy se someten a cargas confiscatorias y aumentándola para quienes tradicionalmente han evadido o eludido sus obligaciones tributarias. Todo esto dentro de un entorno de crecimiento económico de tasas superiores al 5% anual, que genere una mayor recaudación adicional", señala el proyecto.
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