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Comunidades afectadas dicen que hay irregularidades sobre el manejo del riesgo.
Las actividades cotidianas de las comunidades que viven cerca al Río Cauca como la pesca, el barequeo, el comercio de arenas o la agricultura son las más perjudicadas por la contingencia del Proyecto Hidroituango.
En total, tras un recorrido de un mes por cuatro de estos departamentos afectados, 15 municipios y siete corregimientos, la Contraloría recibió más de 300 denuncias de las comunidades afectadas que fueron trasladas a la propia EPM, a las diferentes Alcaldías y Gobernaciones y a otras entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) o la Procuraduría, entre otros.
Las denuncias más relevantes que hallaron entre las poblaciones de los departamentos de Bolívar, Antioquia, Sucre y Córdoba se refieren a las presuntas afectaciones socioeconómicas y a la infraestructura de los territorios sufrida por la creciente súbita del Río Cauca del pasado 12 de mayo de 2018.
“Se denunciaron presuntas irregularidades en el manejo del riesgo y de las deficiencias del plan de retorno de los afectados. Tampoco hay claridad sobre la población realmente afectada y no existen programas concretos de reactivación económica”, indicó en la presentación del informe Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la Participación Ciudadana.
Estas presuntas situaciones irregulares se anunciaron el mismo día en el que EPM realizó la rendición de cuentas en el municipio de Medellín. En el evento, el alcalde de ciudad, Federico Gutiérrez, destacó que pese a la contingencia en el proyecto de Hidroituango, se transfirieron $1,2 billones para proyectos sociales y que la compañía reportó $16,3 billones en 2018.
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