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Esta decisión se toma luego de valorar los informes presentados por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario en 2013, 2014 y 2015, sobre 33 casos referentes a 322 predios ubicados en Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia.
“Los 33 casos de acumulación irregular de predios de origen baldío analizados y cerrados desde el punto de vista fiscal en la Contraloría, y puestos en conocimiento de las autoridades competentes, equivalen a 322 predios, para un total de 123.482.89 hectáreas”, señala el organismo.
Entre los predios identificados por la Contraloría se destaca la organización Pajonales - Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo con 21 predios que suman 22.834 hectáreas en Meta. También salpica a familiares del ex ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, con cuatro predios de 5.064 hectáreas en Vichada, específicamente Puerto Carreño y La Primavera.
La familia del actual ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, también tiene la lupa de la Contraloría por tres predios adquiridos en Vichada, en el mismo municipio de La Primavera y cuya extensión es de 3.816 hectáreas. Sin embargo, el funcionario aclaró no tener ningún vínculo con dichos predios. “Me parece inadecuado que en la información emitida por la Contraloría General de la República, la cual en general se refiere y debe referirse a personas naturales o jurídicas concretas, se haga referencia a familiares, generando un vínculo hacia la opinión pública con mi persona, aunque el órgano de control no me hace ninguna imputación personal” respondió el jefe de la cartera agropecuaria.
En el listado también se cuenta con la Sociedad Agropecuaria El Uberrimo 103 hectáreas comprendidas en 11 predios. Al respecto, el senador Álvaro Uribe, señaló que en este caso “es muy fácil investigar cuando no se tienen testaferros”.
Pero el listado de la investigación de la contralora delegada también pone sobre la mesa las inquietudes en la venta a terceros las 223 hectáreas de cinco predios que en Córdoba tiene la empresa Cerro Matoso. En tanto, la empresa Agropecuaria Alfa deberá responder ante las autoridades por tres predios que suman 2.550 hectáreas en Puerto López (Meta).
Ahora bien, dentro de las competencias fiscales que conciernen a la Contraloría, el organismo señala que el análisis de los expedientes realizados por la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Delegada del Sector Agropecuario, estableció que “dado que las transacciones se derivaron de negocios entre particulares, no es posible imputar a ninguno de estos daño fiscal”. No obstante, considera que si bien no existió un detrimento patrimonial, si es reprochable la violación de los topes establecidos en la Ley, como son la 450 hectáreas de la Ley 135 de 1961.
Los resultados fueron trasladados a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación, para que dentro del marco de sus competencias determinen si existe responsabilidad penal y/o disciplinaria por parte de funcionarios y/o particulares. Según la Contraloría, de los 43 casos que entraron a análisis de la Dirección de Vigilancia Fiscal, aún queda por resolver la situación de 10, que concentran 183 predios, que equivalen a 199.871.43 hectáreas.
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