Contraloría de Bogotá estableció hallazgos fiscales por más de $5.193 millones

La Contraloría estableció 26 hallazgos fiscales en nueve localidades de la ciudad, luego de adelantar una auditoría regular a los Fondos de Desarrollo Local (FDL) a la vigencia 2011.

Según el organismo de control, uno de los mayores hallazgos se evidenció en el FDL de Suba por el pago de anticipos por valor $2.986 millones, en tres contratos de los cuales dos se celebraron para realizar obras de mejoramiento integral para la malla vial intermedia y local de la localidad y para obras de mejoramiento integral de parques para la recreación y deporte.

En Usme se evidenciaron hallazgos por $894 millones, por no realizar el descuento del 5%, en los convenios celebrados para ejecutar obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial,  tal como lo estipula el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006.  

Así mismo, se presentó incumplimiento en el Contrato de Obra con la Fundación Salvemos el medio ambiente Funambiente para realizar intervenciones integrales de la malla vial de Usme,  pues de los 8.242 metros cuadrados, que debía intervenir el contratista dejó de ejecutar 3.888 metros cuadrados. Igualmente se presentó incumplimiento en el contrato de interventoría.

En Ciudad Bolívar se detectaron hallazgos por $409 millones en la celebración de cuatro contratos con la Corporación Internacional para el Desarrollo Educativo CIDE, donde por ejemplo en uno de ellos se pagó la totalidad de contrato sin tener en cuenta que no todos los beneficiarios se matricularon en el programa.

En Rafael Uribe Uribe hallazgos por $299 millones debido a la falta de planeación para la realización de proyectos de instalación de una planta de soya, por un pago de mayor valor e incumplimiento del objeto contractual dado que la cooperativa de mujeres no funcionó.

Se registraron hallazgos Bosa por $194 millones en desarrollo del convenio de Asociación  suscrito con la Corporación para vivir donde se presentaron fallas en el componente “canasta alimentaria”, pues de las cinco canastas contratadas, cada una,  para 1.680 personas en condición de vulnerabilidad solo se entregaron dos.

San Cristóbal resultó con hallazgos por $121 millones debido al incumplimiento del objeto del convenio, pues solo benefició a 30 de los 80 que tenía previsto vincular y por el pago de trabajos no realizados a beneficiarios que no hacen parte de la población vulnerable.

En Puente Aranda fue por $132 millones debido a que no se cumplió con el objeto de los contratos en el tema de capacitación a vendedores informales y mujeres ni tampoco se evidencia el desarrollo de actividades físicas para el adulto mayor.

Para Kennedy fueron por $115 millones debido a que en el convenio interadministrativo celebrado con el Idepac, la administración local no tuvo en cuenta la valorización y cambio de redes de alcantarillado de aguas lluvias y aguas residuales que en algunos sectores funciona de manera conjunta lo que llevó a que se alterara el rumbo de las  pagos injustificados que lesionan el patrimonio del Fondo.

Para Engativá fueron por $27 millones por incumplimiento de tres contratos en los que no se cumplió con el objeto del contrato y por el pago de garantías y publicaciones que son de obligación del contratista.