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La Upra excluyó 81,3% del territorio nacional para estas áreas.
Un año después del pronunciamiento de la Corte Constitucional que declaró la legalidad de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), el Gobierno retomó la agenda para estas áreas en las que busca, en principio, mejoras de productividad y competitividad.
A pesar de la oposición a la iniciativa, la expedición del Documento Conpes 2917 estableció la hoja de ruta que seguirá la Ley Zidres, junto con la referenciación de las áreas que potencialmente podrían quedar establecidas, decisión que quedará en manos de los concejos municipales de las regiones.
Esta es la segunda fase de la creación, la cual está encaminada a ser desarrollada en las regiones pertenecientes a las 7,2 millones de hectáreas propuestas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), que delimitó las áreas referenciadas.
De acuerdo con el Conpes, para establecer definitivamente las áreas, “se adelantarán las actividades de información, concertación y coordinación con los concejos municipales (…) para coordinar las demás actividades que conllevarán la aprobación de dichas zonas”.
El director de la Upra, Felipe Fonseca, explicó que la iniciativa de llevar el diálogo a los concejos “blinda este instrumento de gestión de las regiones, con una facultad autónoma de los entes territoriales. Por eso es que la concertación va a permitir la armonización con los planes de ordenamiento territorial y es un indicio de la seguridad jurídica”.
“Lo que se observa es que blinda este instrumento, que es de gestión de las regiones, frente a una facultad autónoma de los territorios”.
Las zonas referenciadas en este momento están focalizadas en cinco departamentos: Vichada, Meta, Córdoba, Magdalena, Casanare, los cuales concentran 85% de las áreas consideradas para Zidres, pues estos cinco departamentos tienen 5,9 millones de hectáreas.
El resto de hectáreas se reparte entre otros 19 departamentos, que tendrán poder en la selección, la cual, según presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), Rafael Mejía, implica que el diálogo se traduce en la posibilidad de llevar “exigencias de las regiones hacia el gobierno central para garantizar que no es solo la tecnología interna, sino también la movilización con vías secundarias y terciarias, estudios de demanda y de mercado para producir productos que realmente se necesiten”.
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