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El Gobierno presentó hace unos días una contrademanda millonaria en el arbitraje internacional que abrió la energética española hace dos años.
El Gobierno de Colombia ha pasado al contraataque en el arbitraje que abrió contra él la compañía española Naturgy por la expropiación de Electricaribe, su filial en aquel país. El procedimiento está en el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) y en su día generó un áspero conflicto diplomático.
El Gobierno de Colombia, al que Naturgy exige US$1.600 millones (1.400 millones de euros al cambio actual) en compensaciones por lo que considera una expropiación ilegal, acaba de contestar con una contrademanda también multimillonaria. La República de Colombia, que siempre acusó a Naturgy de abandonar Electricaribe a su suerte dejando de invertir en la empresa, exige ahora US$500 millones de dólares (unos 450 millones de euros) a Naturgy. Colombia ha presentado lo que se denomina una reconvención en Uncitral.
Así figura en una pequeña explicación en la memoria anual de 2018 que ayer hizo pública Naturgy, con motivo de su próxima junta de accionistas, el 5 de marzo. La reconvención fue presentada por Colombia el 4 de diciembre de 2018. Hasta ahora no se conocía. Es el primer gran revés que sufre Francisco Reynés desde que asumió la presidencia ejecutiva de Naturgy hace un año.
Hasta ahora, Reynés había ido resolviendo grandes problemas que coleaban desde hacía años en la empresa. Por ejemplo, ha logrado renegociar complejos contratos con Sonatrach y ha conseguido avances en otro laudo multimillonario con Egipto. Según explica Naturgy, la "viabilidad" de la contrademanda de Colombia "se estima remota" y es una mera estrategia para dilatar el procedimiento. Sea como sea, Naturgy ha rebajado la valoración de su participación en Electricaribe desde US$476 millones (416 millones de euros) al cierre de 2017 hasta US$289 millones (253 millones de euros).
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