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Sincelejo, Cúcuta y Riohacha son las ciudades con mayor proporción.
En 2017, el número de personas ocupadas en Colombia ascendió a 22,9 millones, de los cuales cerca de 14,4 millones (63,2%) trabajaron del lado de la informalidad pues no cotizaron a pensión ni estuvieron afiliados a la seguridad social. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas esta cifra se ubicó en 11,6 millones (50,8%) y en las 13 contabilizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) la medición fue de 11,2 millones (49,4%).
Si bien la elevada exclusión al sistema formal laboral sigue siendo uno de los principales problemas que aqueja a la economía colombiana al reducir la productividad, reducir la base impositiva o contribuir a la baja cobertura pensional, esta brecha se ha ido reduciendo poco a poco en los últimos años al pasar de niveles cercanos a 60% en las 23 y 13 ciudades del país en 2010 a registrar datos por debajo de 50% en la actualidad.
“Por primera vez, hay más trabajadores formales que informales en el país. Desde 2010, la informalidad ha descendido 10 puntos porcentuales debido a políticas públicas como la reducción de los impuestos a la nómina, que pasaron de 29,5% a 16% tras la Reforma Tributaria de 2012, o a la mayor inversión en educación (3,9% del PIB). Las personas con educación superior ya representan 22,2%”, aseguró el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, en el marco de la conferencia “Economía de la Informalidad”, organizada por la Universidad del Rosario.
Sin embargo, este flagelo no tiene la misma incidencia en todas las regiones del país, siendo Sincelejo, Cúcuta y Riohacha las ciudades (entre las 23) que más padecen esta problemática, con índices de 72,3%, 72,1% y 70,3% en 2017, respectivamente, muy por encima de las que están menos golpeadas por la informalidad como Manizales (38,6%), Medellín (40%) o Bogotá (43,8%).
“Las ciudades más productivas tienen las menores tasas de informalidad. Destaca que Manizales, Ibagué y Tunja son las que mayores reducciones a este problema han presentado entre 2008 y 2017”, agregó el Ministro.
Para combatir esta problemática, el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, aseguró que será necesario aumentar la brecha entre el salario medio y el mínimo legal vigente lo que permitirá que más personas opten por estar del lado de la formalidad. Además, indicó que una política de reducción del uso del efectivo disminuye esta cultura al igual que la eliminación del 4x1.000 o el mejor entrenamiento de las personas para ingresar a la vida laboral.
“Más inspectores están verificando el cumplimiento de las normas laborales. No obstante, todavía falta mucho por hacer. El próximo gobierno deberá seguir el camino”.
“Si bien la informalidad se redujo, todavía es un problema importante. Como es imposible reducir el salario mínimo, habría que aumentar la brecha entre este y el promedio”.
“Como se teme reducir el mínimo, lo conveniente sería que la brecha entre ambos aumentara. Podríamos tener diferentes salarios mínimos entre regiones o para los jóvenes versus los mayores. Al mismo tiempo, también se debe reformar el Sena y crear una nueva Dian que sea capaz de hacer un seguimiento adecuado a las compañías”, aseguró el presidente del gremio que agrupa a los fondos de pensiones.
Por su parte, Pranab Bardhan, profesor de la Universidad de California invitado al evento, indicó que a pesar de que hay una tendencia de equiparar lo informal con lo que es ilegal, no es correcto identificarlo de esa manera.
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